Limitaría el Gobierno el control provincial del petróleo

Las asesores de la presidenta Cristina Kirchner en temas energéticos no tienen ningún cuidado en decirlo: después de la estatización de YPF , consideran fundamental sancionar una nueva ley de hidrocarburos que contemple la situación actual del millonario negocio petrolero, aunque eso implique acotar el poder que hoy tienen los gobernadores sobre la actividad.

El objetivo, dicen los que alientan la medida, es sancionar una norma que favorezca la llegada de inversiones extranjeras y permita recuperar el autoabastecimiento energético. Pero la iniciativa llevaría a una dura puja política, ya que intentará colocar en un lugar mucho más marginal a las empresas provinciales de petróleo. La paradoja es que esas compañías fueron especialmente estimuladas por el ex presidente Néstor Kirchner y por el ministro de Planificación, Julio De Vido.

Una guerra de posiciones comenzó a desarrollarse en las últimas semanas. El propio Miguel Galuccio, presidente de la empresa estatizada, se puso al frente de la discusión y promueve el debate para que se sancione una nueva ley. Lo hizo como respuesta a un movimiento del gobernador neuquino, Jorge Sapag, que asustó a YPF al impulsar un proyecto de ley provincial para que, una vez caducadas las concesiones, vuelvan a la jurisdicción de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), su empresa provincial.

El texto cayó de la peor manera en YPF. Sus allegados consideran que si esa norma fuese aprobada, se terminaría el negocio petrolero en la Argentina, dado que las inversiones requieren un horizonte de seguridad jurídica para ejecutarse, como suelen decir los barones del crudo.

Galuccio le pidió a Sapag hace más de un mes que no mande un nuevo proyecto de ley a la Legislatura. Luego se enfrío el diálogo entre ambos. El presidente de YPF cree que las provincias deben obtener regalías por el desarrollo de los proyectos petroleros y beneficiarse con la inversión de las empresas, pero no aparecer como intermediarios «innecesarios» en el camino.

Sapag, de buena relación con Cristina Kirchner, demoró por el momento la iniciativa y puso paños fríos a la discusión la semana pasada. Sin embargo, mantiene en estudio varios borradores de una futura ley provincial y mantuvo contactos con el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, y con el ministro de Economía, Axel Kicillof, para avanzar en un nuevo marco legal.