La CNEA busca socios privados para desarrollar Cerro Solo, la mayor reserva de uranio del país, pero la ley de Chubut frena el proyecto

El yacimiento posee 4.420 toneladas de mineral de alta calidad. El blindaje normativo provincial bloquea el autoabastecimiento en un contexto donde Argentina importa 220 toneladas anuales de uranio para sus centrales nucleares.

El subsuelo de la estepa central de Chubut resguarda un importante recurso energético que permanece inactivo. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mantiene la previsión de firmar acuerdos con inversores privados y busca atraer capitales de riesgo extranjeros para financiar la infraestructura superficial de Cerro Solo. Este yacimiento concentra la mayor reserva nacional cuantificada de uranio de alta calidad, con un total de 4.420 toneladas. Sin embargo, cualquier intento de reactivación choca de forma directa con la vigencia de la legislación provincial que prohíbe la minería a cielo abierto, un blindaje normativo que anula los planes para el complejo minero en el corto plazo.

La urgencia por habilitar los yacimientos patagónicos se vincula con la necesidad de sustituir las compras externas que anualmente drenan divisas del Banco Central. El sistema eléctrico nacional debe importar unas 220 toneladas de uranio al año para abastecer a sus tres centrales nucleares (Atucha I, Atucha II y Embalse). Esta dependencia comercial contrasta con las auditorías geológicas, las cuales confirman que el territorio nacional posee reservas bajo tierra suficientes para garantizar hasta 150 años de consumo interno continuo, una riqueza que no se explota debido a los condicionantes institucionales de distritos como Chubut.

Ante la parálisis en territorio chubutense, el sector energético redirecciona sus alternativas de inversión hacia provincias con marcos regulatorios más amigables para la actividad extractiva. El caso más avanzado se localiza en Río Negro con el Proyecto Ivana, emplazado dentro del yacimiento Amarillo Grande. Impulsado por la firma canadiense Blue Sky Uranium en alianza con Corporación América, la propuesta privada requiere un desembolso de 160 millones de dólares para producir yellow cake (torta amarilla), el concentrado de uranio indispensable para fabricar el combustible de las centrales nacionales. Las proyecciones estiman que este bloque podría garantizar el autoabastecimiento del sistema nucleoeléctrico por más de una década, aunque su concreción sigue sujeta a la aprobación de auditorías ambientales provinciales y reportes de ingeniería de detalle.

Las dificultades para reactivar la extracción de combustibles nucleares también se replican en la región de Cuyo. La mina Sierra Pintada en Mendoza, cerrada desde 1995, posee el mayor volumen registrado de Argentina con 10.010 toneladas identificadas. Si bien el complejo ingresó en una etapa de prefactibilidad técnica para evaluar su viabilidad comercial, las autoridades nacionales reconocen que su reapertura afronta una fuerte resistencia por parte de comunidades locales y organizaciones ambientalistas, lo que obliga a la CNEA a construir un complejo consenso social antes de iniciar cualquier fase productiva.

Estas limitaciones se inscriben en el rediseño del mapa energético coordinado por la Secretaría de Energía de la Nación, que incluye un portafolio de 21 proyectos activos orientados a duplicar la capacidad nuclear instalada en el mediano plazo. Las metas contemplan el financiamiento para construir un reactor modular pequeño (SMR) de diseño local y generar saldos exportables de mineral refinado. No obstante, el cumplimiento del Plan Nuclear Argentino ingresa en un embudo regulatorio donde las urgencias presupuestarias de la Nación colisionan con las autonomías políticas de las provincias, cuyas definiciones sobre los códigos de minería locales determinarán si el país logrará sustituir sus importaciones de uranio.