El Gobierno publicó una resolución para mantener a flote el sector eléctrico hasta 2015

Dos días después de publicar la resolución 529 que actualizó los precios de la energía para el sector de generación, el secretario de Energía, Daniel Cameron, firmó la resolución 530 -aún no fue publicada en el Boletín Oficial- que congela por un año las tarifas de electricidad en el interior del país.

En rigor, la normativa -fechada el 22 de mayo- oficializó la implementación de un acuerdo de convergencia tarifaria que el Gobierno fue firmando con casi todos los mandatarios provinciales -sólo resta el aval de Santa Fe y San Luis- en los últimos tres meses.

En términos programáticos, la iniciativa apunta a dar señales de estabilidad en torno a los precios de la energía a nivel nacional; alinear los esquemas tarifarios con parámetros comunes en todo el país; y avanzar con la quita de subsidios previa identificación de los sectores que deben permanecer protegidos. En la práctica, se aspira a mantener a flote el sector eléctrico hasta el año que viene.

La medida -a la que tuvo acceso El Inversor Online- pretende también reconstituir la cadena de pagos del sector, jaqueda por el congelamiento de las tarifas en Buenos Aires y el Conurbano y por el incremento de los costos. La resolución establece que las distribuidoras con deudas a favor de Cammesa deberán rubricar un plan de pago de hasta 36 cuotas con las administradora del mercado eléctrico (MEM) para ponerse al día. Y estipula que esos entendimientos deberán estar rubricados en no más de 10 días.

Los acuerdos suscriptos por el ministro de Planificación, Julio De Vido, en representación de la Casa Rosada con los gobernadores consta de dos componentes. El primero persigue la estabilización de las tarifas eléctricas, por lo que las 21 provincias firmantes se comprometen “por 365 días a retrotraer y mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios vigentes”. A su vez, deberán informar a la Secretaría de Energía el Valor Agregado de Distribución (VAD) -lo que cuesta llevar la electricidad hasta los usuarios de cada red- en su jurisdicción.

El segundo componente de los acuerdos se define como “Acciones necesarias para la convergencia tarifaria” y establece que las distribuidoras que no tengan deudas con Cammesa podrán ejecutar “obras tendientes a mejorar la eficiencia de la prestación del servicio de energía eléctrica, con el objeto de eliminar los puntos de saturación del abastecimiento y perder las pérdidas de la red”.

La inversión que demanden esos trabajos será financiada “parcialmente o totalmente” por el Estado nacional. En esa dirección, el Ejecutivo firmó con los mandatarios convenios instrumentales para obras de distribución eléctrica. Y creó un “Grupo de seguimiento de planes de inversiones de agente del MEM” que tendrá a su cargo la fiscalización de los avances de las obras en la red.

Si bien no se publicó el monto que demandarán esas tareas, se estima que oscilará entre los 200 y 300 millones de pesos anuales por provincia. El costo a nivel nacional -que se financiará con el Fondo Unificado previsto por la Ley 24.065 (de Energía Eléctrica)- superará los $ 4000 millones.

La resolución propone, por primera vez de manera explícita, avanzar en el retiro de subsidios a los usuarios residenciales de la red con poder adquisitivo suficiente para pagar el precio pleno de la energía. “Las distribuidoras se comprometen a realizar en forma conjunta un estudio de identificación de usuarios que, por su capacidad económica, puedan afrontar los costos de los tres segmentos que integran las tarifas del sector eléctrico (costo mayorista, costo del transporte y VAD)”, indica uno de los considerandos del texto firmado por Cameron.

Sin embargo, nada dice del tan mentado retiro de subsidios en el área Metropolitana en las zonas de concesión de Edenor y Edesur, las dos principales distribuidoras del país, las únicas que permanecen bajo la órbita del Gobierno nacional. Aún así, en la industria advierten que esta medida es un paso previo en esta dirección. “Con este acuerdo, la Casa Rosada se asegura que en caso de aumentar las facturas de electricidad en Buenos Aires, el resto de las provincias no responda con un incremento tarifario”, interpretó un encumbrado directivo del sector.