Cobre Panamá: el Gobierno autorizará el procesamiento y la exportación de mineral extraído antes del cierre

A través de una nueva resolución, las autoridades panameñas permitirán movilizar el material acopiado en el proyecto minero para generar liquidez y mitigar riesgos ambientales. La medida, que busca recuperar valor inmovilizado, no implica una reapertura total de la operación suspendida desde fines de 2023.

Panamá se prepara para emitir una resolución clave que permitirá retirar, procesar y exportar el mineral extraído en Cobre Panamá antes de la paralización de sus actividades a finales de 2023. Esta decisión representa un avance acotado pero estratégico para ordenar una operación que permanece suspendida, permitiendo al país recuperar recursos económicos que hoy se encuentran estancados en el sitio.

Según estimaciones de First Quantum, en el complejo existen unas 38 millones de toneladas de mineral acopiado. Este volumen de material podría rendir aproximadamente 70,000 toneladas de cobre. Una vez obtenido el permiso formal, la empresa prevé que el procesamiento comenzaría en un plazo de tres meses y se extendería durante cerca de un año. El objetivo primordial es liberar espacio y reducir los costos que exige el manejo técnico permanente de estos inventarios.

Es importante destacar que esta medida no autoriza nuevas labores de extracción, perforación o voladuras. Tanto el Gobierno como la compañía han enfatizado que este proceso se diferencia de una reapertura total del proyecto. La distinción es fundamental en los ámbitos legal, político y ambiental, ya que permite resolver un problema operativo inmediato sin adelantar la decisión final sobre el futuro de la mina.

Este paso se suma a una ruta iniciada previamente. En mayo de 2025, el Ejecutivo aprobó el plan de preservación y gestión segura, lo que permitió mantener la infraestructura crítica. Posteriormente, en marzo de 2025, se autorizó la venta de concentrado de cobre que estaba retenido, reactivando la planta necesaria para operar el puerto de Punta Rincón. Dicha operación ya mostró resultados económicos: la venta de más de 122,000 toneladas de concentrado generó cerca de 29 millones de dólares en regalías, destinados por el Estado a obras prioritarias y al mantenimiento del propio sitio.

Desde la perspectiva financiera, el mantenimiento de Cobre Panamá representa una carga significativa, con costos de preservación que oscilan entre los 15 y 17 millones de dólares mensuales. A esto se suman los gastos de reacondicionamiento e inventarios. En este contexto, monetizar el material existente ayuda a financiar el cuidado del complejo. Además, la reactivación de estas tareas específicas impulsará la contratación de personal directo y dinamizará sectores como el transporte, la logística y los servicios regionales.

En el plano ambiental, First Quantum sostiene que procesar el mineral acumulado reduce riesgos críticos, como el drenaje ácido de roca, y permite utilizar el material en el sistema de manejo de relaves. La operación busca, por tanto, garantizar la estabilidad física y técnica de un sitio de gran escala que no puede ser abandonado sin una gestión adecuada.

El peso de Cobre Panamá en la economía nacional es innegable. Tras su cierre en 2023, motivado por protestas sociales y un fallo de la Corte Suprema, el FMI señaló que la clausura fue un factor determinante en la desaceleración del PIB en 2024. El complejo representaba el 5% del producto interno del país, el 2% del empleo y aportaba el 1% del suministro mundial de cobre.

Pese a este avance operativo, la incertidumbre política persiste. El gobierno de José Raúl Mulino ha indicado que la decisión de fondo sobre el futuro de la mina se tomará hacia junio de 2026. Por ahora, el acercamiento más amplio entre las partes parece condicionado a la suspensión de los arbitrajes internacionales interpuestos por la empresa. La actual resolución funciona como un mecanismo de gestión técnica y económica, mientras Panamá intenta capturar valor de un activo inmovilizado sin comprometer la seguridad jurídica ni la licencia social.