El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones activa debates en torno al impacto económico y los controles locales en el sector del litio. El esquema normativo permite a las compañías exceptuar la obligación de liquidar exportaciones en el mercado cambiario nacional, lo que genera dudas sobre la riqueza que efectivamente permanecerá en la provincia.
El avance del régimen nacional plantea dudas respecto del impacto financiero real en el territorio salteño, según advirtió el analista político y económico Néstor Sánchez. El principal foco de cuestionamiento radica en los beneficios cambiarios que otorgan mayor libertad para girar divisas fuera del país, lo que disminuye el flujo de capitales que ingresa formalmente a la economía interna de las provincias productoras.
El análisis del impacto sectorial señala que las condiciones del marco normativo no operan necesariamente como un factor de atracción para nuevos capitales, sino como una mejora en la rentabilidad y una reducción de cargas impositivas y aduaneras para proyectos que ya se encontraban instalados en el país. Empresas como Posco, Río Tinto y Eramine, abocadas al desarrollo de la minería de litio en la región, poseían inversiones y operaciones en marcha con anterioridad al acceso y aprobación de estas ventajas fiscales.
La aplicación de las normativas de incentivo también reabre la discusión sobre las facultades de control y la distribución de los beneficios de la actividad en Salta. Además de los aspectos estrictamente financieros, la adhesión provincial sin condicionamientos explícitos genera advertencias sobre la gestión de recursos naturales estratégicos para los procesos mineros, como el agua, abriendo interrogantes sobre el alcance de las regulaciones locales frente a las concesiones operativas otorgadas por el Estado nacional a las grandes corporaciones.


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