Una audiencia pública analiza el pedido de acceso y ampliación de la infraestructura eléctrica en el corredor Nueva San Juan-Rodeo, clave para el desarrollo de la minería de cobre. El encuentro reúne a mineras, organismos reguladores, distribuidoras, municipios y especialistas en medio de una controversia por la prioridad de capacidad de transporte otorgada a la empresa operadora.
La convocatoria evalúa formalmente la prioridad de acceso concedida a Vicuña Argentina sobre la capacidad disponible y futura de dicha línea de alta tensión. El debate técnico y administrativo se centra en el impacto que esta asignación estratégica podría generar sobre el resto de las inversiones cupríferas y de infraestructura en la provincia de San Juan, debido a las objeciones presentadas por otras compañías del sector minero respecto al esquema de prioridades.
La apertura de las disertaciones está a cargo de Adriel Marcos Rizzato Lede, representante de Vicuña Argentina, seguido por Carlos García en nombre de la transportista Transener. Entre las entidades públicas y del sistema eléctrico que intervienen con observaciones en el expediente nacional participan Roberto Ferrero por el EPRE de San Juan, Alfredo Pedrali por la Secretaría de Energía de La Rioja, Héctor Hugo Pérez por Naturgy San Juan y Gerardo Rabinovich en representación del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.
El ámbito territorial y comunitario de la traza eléctrica cuenta con las ponencias de Horacio Espejo y Jorge Espejo, intendentes de los departamentos sanjuaninos de Jáchal e Iglesia, respectivamente. Como contraparte sectorial, el tramo final de la audiencia concentra los planteos de los representantes de las empresas mineras competidoras que objetaron la medida: Juan Pablo García Diez (Minas Argentinas – Gualcamayo), Miguel Federico Gil Pugliese (Andes Corporación Minera – Los Azules), Ariadna Rodríguez (Barrick y Minera Andina del Sol) y Sonia Delgado (Golden Mining y Challenger Gold – Hualilán), cerrando la lista el particular Mario Alberto Herrero.
Las exposiciones y fundamentos presentados durante la jornada no tienen carácter vinculante para la resolución final del caso. Sin embargo, toda la información volcada por los trece participantes pasará a integrar formalmente el proceso de evaluación que sustanciará el organismo regulador nacional para definir las condiciones de ampliación y uso de esta red de alta tensión.


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