El ministro de Producción, Gustavo Fernández, defendió la adecuación de la normativa nacional durante la audiencia pública. Sostuvo que existe una «falsa dicotomía» entre la industria extractiva y el cuidado del agua, destacando que el sector minero solo utiliza el 3% del recurso hídrico provincial.
En el marco del debate nacional por la reforma de la Ley de Glaciares, el Gobierno de San Juan ratificó su alineamiento con el proyecto de modificación de los presupuestos mínimos. Durante la audiencia pública celebrada este miércoles 25 de marzo, el ministro de Producción local, Gustavo Fernández, expuso la necesidad de adecuar la legislación para permitir el desarrollo económico de las zonas cordilleranas.
El argumento de la necesidad estructural
Fernández describió a San Juan como una provincia «montañosa y desértica» donde las tierras productivas son escasas y la población se concentra en oasis reducidos. Bajo este diagnóstico, el funcionario fue tajante: “La minería resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades”.
Para el gobierno sanjuanino, la minería no debe verse como una amenaza, sino como un motor capaz de financiar la infraestructura vial, energética e hídrica que otros sectores de la economía —como la vitivinicultura, la producción de olivos y el turismo— necesitan para superar sus limitaciones logísticas.
La gestión del agua: datos y «falsas dicotomías»
Uno de los puntos centrales de la exposición fue el uso del recurso hídrico, eje de la preocupación de los sectores ambientalistas. Fernández buscó derribar mitos aportando estadísticas oficiales sobre el consumo en la provincia:
- Uso minero: Representa solo el 3% de las concesiones de agua.
- Uso agrícola y humano: Concentra la gran mayoría del recurso restante.
El ministro planteó que el verdadero problema de San Juan no es la minería, sino la eficiencia en el riego agrícola. Según su visión, el desafío estratégico es tecnificar el sector del agro y mejorar los sistemas de distribución, algo que, a su entender, puede impulsarse mediante los recursos y la infraestructura que genera la actividad minera.
Desarrollo y empleo local
Hacia el cierre de su intervención, el ministro vinculó la reforma normativa con la capacidad de generar empleo mayoritariamente local y atraer inversiones de gran escala. Al respaldar la «aclaratoria» en la legislación de glaciares, la provincia busca dar previsibilidad jurídica a los proyectos que se encuentran en zonas de periglaciares, cuya definición técnica es el punto de mayor fricción en la reforma.
“Estamos ante el verdadero desafío de nuestra provincia”, concluyó Fernández, reafirmando que la gestión eficiente y sostenible del agua es el objetivo final, independientemente de la actividad productiva que se realice.


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