La Agencia Nacional de Minería de Colombia rechazó la solicitud de AngloGold para extender su fase de exploración en el proyecto Quebradona, congelando así una inversión de US$ 1.400 millones y profundizando la incertidumbre regulatoria en el país.
El ambicioso proyecto de cobre y oro Quebradona, de AngloGold Ashanti, enfrenta un nuevo y severo obstáculo en Colombia, tras la negativa de la Agencia Nacional de Minería (ANM) a dos solicitudes clave de la compañía. La decisión, que afecta una inversión valuada en US$ 1.400 millones, profundiza la paralización del proyecto, que lleva detenido desde 2021.
La minera, que cotiza en la JSE, NYSE y ASX, había solicitado a la ANM la extensión de su fase de exploración y la suspensión de sus obligaciones bajo el título minero. Sin embargo, la agencia rechazó ambas peticiones, argumentando que existía una incompatibilidad legal en otorgarlas simultáneamente. Además, la ANM señaló que AngloGold no aportó pruebas suficientes para justificar las condiciones de fuerza mayor que alegaba en su solicitud.
Ubicado en Antioquia, a unos 60 km de Medellín, Quebradona fue suspendido en 2021 cuando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó su licencia ambiental, aduciendo riesgos ambientales y deficiencias técnicas, especialmente respecto al ecosistema de Jericó. La decisión fue ratificada en 2022, dejando el proyecto en un limbo legal y social.
Para avanzar, AngloGold trabaja en la recopilación de datos hidrogeológicos, hidrológicos y geotécnicos para presentar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental en 2027. No obstante, el futuro de Quebradona se mantiene incierto debido a la fuerte oposición de comunidades y activistas, que han llevado a la minera a presentar demandas y enfrentarse a protestas por supuestas acciones ilegales.
El caso refleja los desafíos que enfrenta la minería en Colombia, donde solo una mina de cobre a gran escala, El Roble, está operativa actualmente. La incertidumbre regulatoria, sumada a nuevas normativas ambientales y de protección agrícola, limita el desarrollo de otros proyectos y contribuye a que aproximadamente una cuarta parte de la producción global de cobre se vea obstaculizada por obstáculos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
Este escenario evidencia las dificultades que enfrentan las inversiones extranjeras en el sector minero colombiano, en medio de crecientes tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental y social.


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