En las últimas semanas volvió un concepto que hacía años los empresarios locales habían dejado de usar: el «costo Córdoba». El impulso lo dio la diferencia del costo de la energía entre esta provincia y, básicamente, la Capital Federal y Buenos Aires. Todas las entidades, desde la Unión Industrial hasta Apyme, advirtieron sobre la pérdida de competitividad y el riesgo para la continuidad de las empresas más chicas.
La última movida la hicieron una docena de cámaras de distintos sectores (metalúrgico, hotelero, de supermercados, del plástico, de empresas eléctricas, entre otros): reclamaron un «ambiente propicio» para el desarrollo de los negocios, en el que «los gobiernos digan qué hacen con la plata».
Francisco Vaccaro, presidente del grupo Serin y vicepresidente del Foro Productivo de la Zona Norte, explicó que la exigencia es que los gobiernos «rindan cuentas de qué hacen con la plata, no que nos den un subsidio con plata que pasan de un lado a otro».
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) planteó su «profunda preocupación sobre la progresiva pérdida de competitividad» del sector por «las limitaciones en materia de impuestos y altos costos para llevar adelante» la producción local. En ese contexto, pidió una «revisión» urgente de la situación porque las empresas «están siendo vulneradas en términos de riesgo y continuidad de sus operaciones».
Los empresarios coinciden en que los costos cordobeses -en los que incluyen tarifas de servicios, impuestos provinciales y tasas municipales- no se condicen con la calidad de las prestaciones, con una infraestructura deficitaria.
En esa línea, reclaman eliminar las tasas municipales que inciden sobre los servicios, dejar sin efecto la carga de Ingresos Brutos sobre la actividad industrial, reducirla para la actividad comercial y de servicios y ajustar el gasto público de todas las jurisdicciones. «La provincia consiguió que se le dejaran de retener y se le devolvieran los puntos de coparticipación que financiaban a la Anses -continuó Vaccaro-; antes nos decían que por eso debían subir Ingresos Brutos, y ahora no lo bajan.»
La tarifa eléctrica es el punto más duro de los planteos. Gerardo Seidel, presidente de la UIC y dueño de una empresa plástica, indicó que por el mismo consumo en esas jurisdicciones se paga hasta menos de la mitad. Insistió en que el rebalanceo tarifario nacional no se completó y las brechas subsisten.
Para Emilio Echegorry, presidente de la Cámara de Empresas Eléctricas, el debate debe ser amplio: «El peso del Estado ya es insostenible para los privados; hay que discutir los privilegios que se fueron generando y que determinan que haya ciudadanos de primera y de segunda. Hay que definir qué sociedad queremos».
Desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos -que planteó directamente cobrar un «plus nocturno» para poder pagar la luz-, Alejandro Moroni apuntó que no hay posibilidad de ser competitivos y captar visitantes cuando «hay hoteles y bares que no pueden estar abiertos».
Por ahora, el gobierno provincial eligió el camino de las reuniones para analizar los pedidos, pero prefirió no responder públicamente. El gobernador Juan Schiaretti se limitó a responsabilizar a la Nación por el aumento de la electricidad, que llega al 100%; el ministro Juan José Aranguren rechazó que sea así. «Vamos a las reuniones, recorremos oficinas y en todos lados son justificativos, nadie en ninguna jurisdicción analiza seriamente cómo achicar el gasto y hacer que el sector productivo no tenga que cargar con el Estado. Los privados ya hicimos nuestra parte», enfatizó Vaccaro.