Tras años de parálisis, ambas naciones acordaron retomar el diálogo formal el próximo 7 de julio para agilizar proyectos transfronterizos y fortalecer la cooperación logística en la cordillera.
En un paso decisivo para la minería regional, las autoridades de Argentina y Chile acordaron retomar las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera. El anuncio se oficializó tras un encuentro en el marco de la Expo Internacional San Juan Minera 2026, donde el secretario de Minería argentino, Luis Lucero, y el subsecretario de Minería chileno, Álvaro González, sellaron el compromiso de reactivar este instrumento estratégico.
La cita para la reanudación de las sesiones binacionales quedó fijada para el próximo 7 de julio. El objetivo primordial es agilizar la evaluación de proyectos mineros sujetos al régimen binacional y fortalecer la coordinación regulatoria, retomando una senda que ya había tenido sus primeros acercamientos durante la Cesco Week 2026.
Un marco jurídico único para la cordillera
El Tratado de Integración y Complementación Minera, suscrito originalmente en 1997, es una herramienta jurídica excepcional. Su importancia radica en que permite el desarrollo de proyectos en zonas fronterizas mediante Protocolos Adicionales Específicos (PAE), los cuales facilitan:
- Mecanismos de coordinación aduanera y tributaria.
- Acuerdos en materia laboral y de seguridad.
- Desarrollo compartido de infraestructura y logística.
Durante su visita a San Juan, el subsecretario chileno destacó que esta reactivación permitirá profundizar la transferencia de conocimiento y optimizar el comercio exterior. «Hemos venido a profundizar los lazos de hermandad para el desarrollo de la actividad minera en el marco del tratado», señaló González tras reunirse también con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.
Gobernanza y expectativas
La administración del tratado recae sobre una comisión integrada por representantes de las carteras de Minería y Relaciones Exteriores de ambos países. Este relanzamiento busca dar respuesta al renovado interés de empresas internacionales por operar en proyectos que atraviesan la frontera, donde la infraestructura compartida es vital para la viabilidad económica.
Con esta medida, Argentina y Chile buscan no solo destrabar expedientes pendientes, sino consolidar a la región como un polo minero integrado, capaz de ofrecer seguridad jurídica y operativa a las inversiones de gran escala que demanda la transición energética global.