La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó con amplio respaldo la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una reforma clave para modernizar y agilizar la tramitación de permisos en sectores estratégicos como energía, minería y obras públicas. La iniciativa busca reducir significativamente los tiempos sin comprometer los estándares ambientales ni técnicos, promoviendo así un crecimiento económico más dinámico y seguro para los inversores.
La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó recientemente, con un amplio respaldo político, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una pieza central del proceso de modernización del Estado y de estímulo al crecimiento económico en medio de una alta demanda de infraestructura y recursos naturales. La reforma, que fue ingresada en enero de 2024 y despachada a ley el 1 de julio tras las modificaciones del Senado, apunta a simplificar y acelerar la obtención de permisos en sectores como energía, minería, obras públicas y agua.
El Ministerio de Economía, responsable de liderar la iniciativa, aseguró que con la nueva ley se podrá reducir entre un 30% y un 70% los tiempos necesarios para tramitar más de 380 permisos sectoriales, sin reducir los estándares ambientales ni técnicos. La normativa introduce principios de simplificación, eficiencia, proporcionalidad y certeza jurídica, considerados fundamentales para atraer inversiones estratégicas a largo plazo.
Medidas concretas para una gestión más eficiente
Entre las principales innovaciones de la Ley Marco chilena se encuentran:
- Normas mínimas de tramitación: Se establecen reglas comunes para todos los permisos, incluyendo formularios estandarizados, plazos máximos obligatorios y la aplicación del silencio administrativo positivo, que permite que, si un organismo no responde en tiempo, el permiso se considere otorgado automáticamente.
- Técnicas Habilitantes Alternativas (THA): Se permite reemplazar ciertos permisos de bajo riesgo por avisos o declaraciones juradas, fiscalizadas posteriormente. Esto busca descongestionar el sistema y centrarse en trámites de mayor impacto ambiental o técnico, con sanciones severas en caso de declaraciones falsas.
- Ventanilla Única Digital (SUPER): La plataforma digital consolidada facilitará la gestión centralizada de solicitudes, reduciendo tiempos y mejorando la transparencia del proceso.
- Nueva institucionalidad técnica: Se crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión en el Ministerio de Economía, encargada de coordinar, asesorar y monitorear la gestión de permisos.
La ley también modifica más de 40 leyes sectoriales, abarcando minería, energía, salud, obras públicas, concesiones marítimas y agua potable, entre otros, logrando una integración normativa amplia y coordinada.
Debate y postura empresarial
El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó que la ley mantiene los estándares regulatorios y que busca aliviar la congestión en los servicios públicos, concentrando esfuerzos en permisos de mayor impacto. La iniciativa fue valorada por la oposición por su potencial para estimular el desarrollo económico y reducir los cuellos de botella burocráticos, especialmente para las PYMES.
Algunos sectores del oficialismo expresaron reservas respecto a la necesidad de garantizar que no se vulneren derechos ambientales ni comunitarios, pero Grau aseguró que la ley no afecta el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que continúa vigente.
Empresarios resaltaron que esta reforma será clave para proyectos energéticos en Chile, particularmente en transmisión eléctrica y almacenamiento energético, facilitando la incorporación de tecnologías renovables como solar y eólica, y promoviendo la inversión en transición energética y minería verde. Además, la mayor certeza jurídica atraerá capitales internacionales en un contexto de competencia global por recursos y tecnologías limpias.
Avances en regulación energética y tecnologías limpias
Paralelamente, el Ministerio de Energía prepara cambios en el Reglamento de Coordinación y Operación del sistema eléctrico (Decreto Supremo 125), para facilitar la integración de sistemas de almacenamiento energético y autogeneración. Este paso es fundamental para modernizar el sistema eléctrico, reducir dependencia de generación térmica y potenciar energías renovables variables, en línea con la Ley de Transición Energética.
Expertos como Vicente Walker, de Trina Storage, subrayaron que estas modificaciones aportarán mayor claridad y eficiencia en la participación de tecnologías de almacenamiento, beneficiando la seguridad energética y la sostenibilidad del sistema.
Contraste con Argentina: diferentes enfoques regulatorios
Mientras Chile apuesta por una reforma integral y moderna, Argentina ha optado por una estrategia distinta. En junio, el gobierno de Javier Milei modificó mediante decreto la Ley de Inversiones Mineras, con el objetivo de simplificar trámites y acelerar proyectos en litio, cobre y oro, eliminando obligaciones formales y transfiriendo competencias técnicas al SEGEMAR. Aunque esta desregulación busca previsibilidad, ha generado críticas por posibles reducciones en controles ambientales y participación social.
Por otro lado, Argentina implementó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales y estabilidad normativa por hasta 30 años, y ya aprobó proyectos multimillonarios en energía, minería y infraestructura, con un enfoque en incentivos económicos y beneficios fiscales directos, en lugar de una reestructura institucional amplia.