Por falta de dólares, no puede descargar un buque petrolero

La crisis cambiaria que acosa desde hace meses al Banco Central (BCRA) acaba de elegir un nuevo objetivo. Desde el lunes pasado, el M/T Fraternity, un buque tanque de bandera belga, espera frente a las costas de Bahía Blanca que el Gobierno le dé el visto bueno a Enarsa, una empresa que manejan funcionarios que responden a los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación, Julio De Vido, para hacerse de los dólares que le permitan girar el pago al exterior. Hasta que eso ocurra, el navío permanecerá sin descargar. Así lo confirmaron a la nacion tres fuentes al tanto de la operación.

Enarsa debe hacerse de unos US$ 53 millones, según estimaron en el sector privado. Aunque la cifra es menor si se la compara con el movimiento de toda la economía, la entidad que maneja Alejandro Vanoli aún no le permitió la operación. En el sector energético estiman que conseguirá la venia este lunes 23, justo después de las elecciones. Y sostienen que la demora en el pago genera un punitorio que ronda los US$ 40.000 diarios. Así lo publicó La Nación.

El M/T Fraternity trae 160.000 metros cúbicos de crudo denominado Escravos, proveniente de Nigeria, que se repartirá entre las principales petroleras del país. De ese total, Oil, la compañía de Cristóbal López, recibirá 46.000 m3; Shell, 40.000 m3; Axion, 28.000 m3 e YPF, 23.000 m3, al igual que Petrobras.

Las petroleras ya le anticiparon el pago de su porción del cargamento a Enarsa, que es la encargada de tomar la demanda y pagar la carga, algo que no ocurrió hasta ahora. El barco debía dejar una parte de la carga en Puerto Rosales.

El buque fue contratado por Statoil, la petrolera estatal noruega. Casualmente, se trata de una empresa que el presidente de YPF, Miguel Galuccio, suele poner como ejemplo de gestión en su sector. La compañía del país nórdico conoce de los cambios argentinos en la planificación. Entre el 18 y el 19 de octubre del año pasado debía colocar un embarque de GNL (gas natural licuado) en una terminal de regasificación en Bahía Blanca, pero el Gobierno había contratado cargamentos en exceso y le pidieron que postergara la entrega.