San Juan rechaza reclamo territorial de La Rioja y advierte por impacto en inversiones mineras

Funcionarios, intendentes y cámaras empresariales sanjuaninas unificaron posturas ante el planteo del gobernador Ricardo Quintela, sosteniendo que la frontera interprovincial está definida por leyes nacionales y alertando sobre el riesgo para la seguridad jurídica del sector.

El gobierno de la provincia de San Juan, respaldado por autoridades municipales y sectores productivos, rechazó formalmente un reclamo territorial impulsado por la administración de La Rioja. La controversia jurídica e institucional cobró volumen debido a que el área en disputa abarca zonas de alto interés turístico y minero estratégico, lo que motivó advertencias cruzadas sobre la estabilidad de los marcos regulatorios para las inversiones de gran escala en la región cordillerana.

El secretario General de la Gobernación de San Juan, Emilio Achem, descartó la validez del avance riojano y reclamó preservar la seguridad jurídica en áreas vinculadas al desarrollo minero. En el trasfondo técnico y económico de la disputa se encuentran proyectos de alta envergadura como Josemaría, Filo del Sol, Vicuña y Lunahuasi, además del parque Ischigualasto, un emblema turístico y paleontológico administrado bajo jurisdicción sanjuanina. Desde la Cámara Minera de San Juan y el Colegio Profesional de Ingenieros Agrimensores de la provincia coincidieron en que los límites fronterizos ya se encuentran definidos por normativas vigentes, por lo que exigieron mantener certezas para los capitales asignados a la actividad extractiva.

En el plano político y legislativo, el intendente del departamento sanjuanino de Valle Fértil, Mario Riveros, calificó el planteo de la gestión del gobernador riojano Ricardo Quintela como carente de respaldo jurídico. Ante este escenario, Riveros formalizó la presentación de un proyecto de repudio en la Legislatura de San Juan contra los intentos de cuestionar los límites del territorio vallisto, ratificando la postura provincial de que una jurisdicción no posee facultades para modificar de manera unilateral una frontera interprovincial.

La controversia sitúa la resolución del conflicto bajo la órbita del derecho constitucional y el ordenamiento federal. La posición coordinada del arco político y empresarial sanjuanino sostiene que el límite actual no está sujeto a discusión interna, argumentando que cualquier modificación de fronteras provinciales es competencia exclusiva del Congreso de la Nación, lo que invalida el curso de acción iniciado de forma unilateral por el Poder Ejecutivo de La Rioja.