El trasfondo de la delicada situación de las redes de distribución de energía en el área metropolitana, operadas por Edenor y Edesur, que en conjunto atienden al 40% del mercado eléctrico, queda en evidencia en una serie de indicadores que se convertirán en una pesada herencia para el gobierno que asuma el 10 de diciembre.
La escasa solvencia financiera de las dos mayores distribuidoras del país es el correlato de un fuerte incremento de los costos operativos que se explica, fundamentalmente, por una expansión fenomenal de la plantilla de empleados de ambas compañías. Medidos en dólares, los costos totales en dólares en Edenor –que es propiedad de Pampa Energía, el holding que preside Marcelo Mindlin- orillaron los US$ 300 millones en 2014, un 80% más que en 2010, cuando se gastaron US$ 175 millones. Los costos de Edesur, controlada por la italiana Enel, treparon hasta los US$ 275 millones el año pasado, contra de los 170 millones de 2010, según documentación oficial de las compañías a la que pudo accederEl Inversor Online.
El incremento exponencial de los costos responde, en gran medida, a la importante expansión de la nómina de empleados de las compañías; un fenómeno que se acentuó en los últimos años en forma directamente proporcional al poder que ganó el sindicato Luz y Fuerza en la operación cotidiana de las distribuidoras. Edenor, que atiende a más de 2,5 millones de usuarios, cuenta hoy con un personal propio de casi 4.400 trabajadores, un 75% más que en 2010 (2600 trabajadores). En tanto que Edesur emplea de forma directa a 3800 personas, un 60% más que en 2010.
Lo paradójico es que, en lugar de traducirse en una optimización de los indicadores de calidad, la incorporación de personal coincidió con un deterioro del servicio de distribución. La cantidad de cortes por usuario medidos por hora (SAIDI, en la jerga eléctrica) pasaron de 20 horas por año en 2009 a casi 35 a fines de 2014 en el caso de Edesur. Y de 12 a 30 horas bajo la órbita de Edenor. Ambas compañías están muy por encima del límite fijado en el contrato de concesión firmado con el Estado, que establece un tope SAIDI de 8 y 11 horas/año por usuario, respectivamente.
En la industria advierten que uno de los mayores desafíos que tendrá por delante el próximo gobierno será reencauzar la relación con Luz y Fuerza, que en los últimos años ganó terreno –vía una excelente relación con el Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido, que intervino Edesur- en la operación diaria de las compañías.
