Salta y Catamarca activaron un régimen conjunto para repartir regalías mineras en proyectos ubicados en zona limítrofe

Las provincias promulgaron las leyes que aprueban acuerdos transitorios de control y tributación para los proyectos Sal de Oro y Diablillos, con un esquema de distribución equitativa de regalías e impuestos mientras se define el histórico diferendo de límites.
Salta y Catamarca pusieron en marcha un régimen conjunto de control, tributación y distribución de regalías para los proyectos mineros Sal de Oro, de litio, y Diablillos, de plata, ambos emplazados en una zona limítrofe aún indivisa entre las dos provincias. La activación formal del esquema se concretó con la promulgación de las leyes provinciales que aprueban los acuerdos de facilitación y fomento minero.

Los convenios no implican reconocimiento ni renuncia a derechos territoriales por parte de ninguna de las jurisdicciones. Se trata de reglas transitorias orientadas a garantizar seguridad jurídica, continuidad operativa y previsibilidad fiscal hasta que el Congreso de la Nación defina el diferendo interprovincial, que se extiende desde hace 82 años.

Los acuerdos reconocen de manera expresa la existencia de una superposición catastral en el área donde se desarrollan los proyectos. Por ese motivo, se delimita un ámbito de aplicación específico, al que podrá sumarse una zona de ampliación de operaciones en caso de que las empresas incorporen nuevas concesiones mineras. Mientras el conflicto de límites permanezca abierto, ambas provincias se comprometen a actuar de forma coordinada, sin que los instrumentos firmados puedan ser utilizados como antecedente para futuros reclamos territoriales.

El núcleo del esquema acordado es la distribución en partes iguales de los recursos fiscales generados por la actividad minera en la zona en disputa. Las regalías mineras, los tributos provinciales y otros gravámenes se repartirán en un 50% para Salta y un 50% para Catamarca. El mismo criterio se aplicará a los beneficios fiscales nacionales o provinciales que recaigan sobre los proyectos.

En el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se estableció una coordinación específica bajo el convenio multilateral, asignando en partes iguales a ambas jurisdicciones los ingresos y gastos atribuibles a los proyectos, tanto en el régimen general como en los regímenes especiales. Para el impuesto de sellos, los actos y contratos cuyos efectos económicos se desarrollen en el área también tributarán bajo un esquema de distribución equitativa.

Los acuerdos prevén, además, la creación de estructuras interprovinciales de fiscalización. Para el proyecto Sal de Oro se conformará una autoridad interprovincial integrada por tres representantes de cada provincia, encargada del control técnico, minero-ambiental y de policía minera. En el caso de Diablillos, se establecerá un comité de gestión interprovincial permanente, con subcomisiones específicas para el control ambiental, técnico, administrativo y tributario. En materia fiscal, ambos proyectos contarán con una subcomisión impositiva interprovincial, integrada por funcionarios de las áreas de rentas de Salta y Catamarca.

En cuanto al estado de los emprendimientos, el proyecto Sal de Oro, operado por la firma surcoreana Posco Argentina, atraviesa una etapa clave. Iniciado en 2018 con tareas de exploración, avanzó luego hacia su fase industrial. Actualmente, la compañía cuenta con la planta CP1, ya operativa, que incluye una unidad de extracción en la Puna y una planta de producción de hidróxido de litio en General Güemes, inaugurada en octubre de 2024.

En paralelo, avanza la construcción de la planta CP2, ubicada en la zona limítrofe indivisa entre Salta y Catamarca, destinada a la producción de carbonato de litio. Según la información presentada, ambas plantas estarán operativas en el primer semestre de 2026 y alcanzarán una capacidad conjunta estimada de 50.000 toneladas anuales. El proyecto cuenta con reservas del orden de las 14 millones de toneladas y, durante la etapa de construcción de CP2, llegó a registrar 3.600 trabajadores. En la actualidad, Posco emplea de manera directa a 431 personas, de las cuales el 70% son de origen salteño, y trabaja con 70 proveedores, 36 de ellos locales.

Por su parte, el proyecto Diablillos, actualmente en manos de la canadiense AbraSilver, se encuentra en una etapa previa a la decisión de construcción. La empresa presentó formalmente el emprendimiento al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y aguarda una definición sobre su eventual aceptación a comienzos de 2026.

De acuerdo con el informe técnico presentado en septiembre pasado, la construcción de la mina demandaría una inversión estimada de 543,6 millones de dólares, a lo que se sumarían 76,9 millones de dólares para el sostenimiento de la operación y 26,4 millones de dólares destinados al cierre ambiental. El yacimiento cuenta con recursos estimados equivalentes a 3,9 millones de onzas de oro y 350 millones de onzas de plata, y desde 2020 los recursos medidos e indicados crecieron un 170% gracias a nuevas campañas de perforación.

En términos de empleo, la etapa de construcción del proyecto Diablillos generaría más de 1.200 puestos de trabajo, mientras que la operación estable demandaría alrededor de 400 trabajadores. Además, el desarrollo contempla una infraestructura integral que incluye caminos, campamento, sistemas eléctricos y de agua, y un dique de colas proyectado en cinco fases.