Salta aprueba un Régimen Promocional para reducir impuestos a la minería y reactivar el sector

En medio de un escenario político marcado por la tensión tras la condena a Cristina Fernández y con una sesión del Senado salteño cargada de agitación, la Cámara de Senadores dio ayer media sanción unánime —con excepción de las observaciones del kirchnerista Walter Wayar— a un decreto de necesidad y urgencia que busca reducir las cargas fiscales sobre la actividad minera en la provincia. Se trata del Régimen Promocional Transitorio para las Tasas Retributivas de Servicios, impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz, que apunta a reactivar un sector clave para el desarrollo económico, social y ambiental de Salta.

El motivo de esta medida, explicado por el senador Juan Cruz Curá, integrante del bloque oficialista, responde a un cambio en las condiciones que motivaron la ley 8419, aprobada en noviembre de 2023, que elevó las tasas para determinados servicios mineros. “El contexto ha cambiado, y por eso es necesario readecuar lo establecido en esa norma”, afirmó Curá. Entre los factores que impulsaron esta decisión, destacó la caída del precio del litio —la actividad minera más importante en la provincia—, el aumento de la inflación que elevó las tasas tributarias y las dificultades que enfrentan las empresas para concretar inversiones, debido a la incertidumbre en la gobernabilidad a nivel nacional, una problemática que, según el propio Curá, también afecta la confianza en el sector minero.

El senador también resaltó que el nuevo régimen, vigente hasta diciembre de 2026 con posibilidad de prórroga, fue diseñado en diálogo con las principales cámaras empresarias del rubro, buscando un enfoque equilibrado que atienda tanto las necesidades del sector como las prioridades del Estado. La iniciativa busca aliviar las cargas económicas y fortalecer a la minería como motor de crecimiento en la región, promoviendo un entorno más competitivo y propicio para las inversiones.

Finalmente, Curá puntualizó que, tras la suba inicial de las tasas —que llegaron a costar unos 34 millones de pesos para una exploración—, la inflación las disparó a niveles insostenibles, poniendo en riesgo la competitividad de la provincia. Con la implementación del decreto, el costo de una exploración se reduciría a unos 4,3 millones de pesos, una cifra que, según el legislador, permitirá mantener la actividad en niveles viables y seguir promoviendo el desarrollo minero en Salta.