El Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto el permiso para el proyecto operado por Anglo American y Glencore. Las compañías descartaron un impacto inmediato en la producción y evalúan el alcance del fallo.
El Segundo Tribunal Ambiental de Chile dejó sin efecto la autorización ambiental otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para el proyecto de desarrollo de infraestructura y mejora de la capacidad productiva de la mina de cobre Collahuasi. Las empresas mineras Anglo American y Glencore, controladoras del yacimiento, reconocieron la resolución judicial emitida este lunes 18 de mayo de 2026.
La iniciativa afectada contempla la instalación de una planta desalinizadora destinada al suministro de la mina, una obra que, según confirmaron desde Anglo American, se encuentra prácticamente terminada. El yacimiento Collahuasi, ubicado en el norte de Chile, es uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo y es operado por la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, donde Anglo American y Glencore poseen una participación del 44% cada una, mientras que el 12% restante pertenece a un consorcio japonés liderado por Mitsui & Co.
De acuerdo con la información difundida por Anglo American, el fallo judicial limita sus objeciones a dos aspectos específicos del estudio: el análisis de los efectos sobre una comunidad local y el impacto generado en el medio marino. Ante este escenario, las firmas socias adelantaron que se encuentran buscando una aclaración completa por parte del tribunal para determinar el impacto real de la medida, cuáles son los puntos específicos que el SEA deberá volver a evaluar y si existirá alguna consecuencia directa sobre la operatividad del yacimiento.
A pesar del revés judicial, Anglo American aclaró que no se prevé un impacto inmediato en los niveles de producción de cobre. Esto se debe a que Collahuasi cuenta actualmente con fuentes alternativas de agua para abastecer sus faenas operativas mientras se resuelven las demandas de información tanto ante el Tribunal Ambiental como ante el SEA.
Por su parte, la administración de Collahuasi defendió la tramitación del proyecto y aseguró que el proceso de permisos ambientales se ejecutó bajo el cumplimiento estricto de las regulaciones locales. La autorización ahora revocada se había obtenido originalmente en diciembre de 2021 tras una evaluación del SEA que incluyó una consulta indígena, una decisión que posteriormente fue ratificada por el Comité de Ministros en agosto de 2023. Las autoridades de la minera señalaron que continuarán trabajando en coordinación con los organismos pertinentes y las partes interesadas para definir las próximas acciones legales y técnicas dentro del marco normativo vigente.
