Impulsada por el Grupo Sarmiento, la iniciativa legislativa propone un sistema donde las empresas paguen según su rentabilidad real. Estiman que la reforma podría atraer USD 30.000 millones en inversiones y generar 50.000 empleos.
En un esfuerzo por transformar el panorama extractivo nacional y captar capitales de gran escala, se puso nuevamente en discusión el proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación para modificar el esquema de regalías mineras en Argentina. La iniciativa, impulsada por el Grupo Sarmiento —un conjunto de profesionales y expertos en minería liderado por Mario Capello—, busca modernizar la estructura tributaria del sector. El documento cuenta con la firma y el respaldo de los diputados nacionales mandato cumplido Ricardo López Murphy y Francisco Monti (Catamarca), habiendo sido presentado originalmente en mayo de 2025, por lo que conserva su estado parlamentario hasta fines del año legislativo en curso.
El corazón de la propuesta consiste en la implementación de un sistema de Regalías Mineras Progresivas y Móviles (RMPM). Bajo esta nueva premisa, se busca que el Estado nacional y las provincias actúen como socios estratégicos de los emprendimientos mineros, permitiendo que las jurisdicciones participen de manera más activa en la renta generada. En términos sencillos, el proyecto sugiere un esquema donde las empresas mineras paguen más cuando sus ganancias sean mayores y, por el contrario, la carga fiscal se aliviane cuando los márgenes operativos sean más ajustados. Esto tiene como objetivo asegurar la continuidad de las operaciones de campo y la protección de los puestos de trabajo, incluso durante períodos de bajos precios internacionales.
Los fundamentos de la propuesta destacan la necesidad imperiosa de recuperar la competitividad internacional frente a vecinos regionales como Chile y Perú. Estos países competidores ya adoptaron sistemas de regalías móviles en el año 2011, logrando captar desde entonces niveles de inversión históricamente superiores a los de Argentina. La reforma apunta de manera específica a modificar el artículo 22 de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, estableciendo que las provincias que decidan adherir al régimen deberán aplicar las regalías bajo este nuevo esquema de progresividad basado en la rentabilidad real.
El cálculo de estas regalías se determinará en función del margen operativo de cada emprendimiento individual, definido técnicamente como el cociente entre la utilidad operacional minera y los ingresos operacionales generados por la actividad. La escala propuesta por los legisladores establece alícuotas que comienzan en un 4% para proyectos con márgenes de hasta el 10%, y ascienden de manera escalonada hasta alcanzar un tope máximo del 16% cuando el margen operativo del yacimiento supera el 80%. Este mecanismo automático permite captar una mayor parte de la renta en períodos de bonanza o en yacimientos de altísima rentabilidad, actuando simultáneamente como un alivio para aquellos proyectos que, bajo tasas fijas, podrían volverse económicamente inviables.
El proyecto advierte que los impuestos fijos actuales, conocidos como Ad Valorem, pueden forzar el cierre anticipado de las minas al elevar los costos en las etapas finales de producción. Con las regalías móviles, se pretende extender la vida útil de los yacimientos, permitiendo explotar sectores con menores concentraciones de mineral. Como un antecedente de éxito, los fundamentos mencionan el caso de Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca, donde una flexibilización de las cargas impositivas permitió que la mina operara 22 meses adicionales, generando ingresos fiscales por impuesto a las ganancias que duplicaron lo que se hubiera recaudado mediante retenciones fijas.
Las proyecciones económicas que acompañan la iniciativa son optimistas, estimando el ingreso de más de USD 30.000 millones en inversiones genuinas en el corto y mediano plazo. Este flujo de capital impactaría directamente en la economía real con la creación de unos 50.000 nuevos puestos de trabajo. En materia de comercio exterior, se prevé que el nuevo régimen facilite exportaciones minerales adicionales por más de USD 10.000 millones anuales. Los autores del proyecto subrayan que Argentina posee una riqueza geológica que, por políticas equivocadas, nunca ha alcanzado el desarrollo de sus competidores.
Un actor fundamental en esta nueva estrategia de desarrollo es el cobre, mineral que los diputados definen como «la soja del posible desarrollo minero argentino». Debido a la sensibilidad del cobre ante los regímenes de regalías, esta reforma se considera vital para viabilizar proyectos de gran envergadura que hoy están en carpeta. Informes técnicos del Grupo Sarmiento respaldan la urgencia de la medida, señalando que el sistema actual de tasa fija implica una pérdida de ingresos extraordinaria para las arcas provinciales. Por ejemplo, el proyecto de cobre Taca Taca en Salta pasaría de aportar USD 106 millones a USD 330 millones anuales bajo el esquema RMPM.
Otros emprendimientos de gran escala como Pachón, en San Juan, verían incrementada su contribución de USD 109 millones a USD 344 millones de dólares. De igual modo, yacimientos de oro como Cerro Negro elevarían significativamente su aporte al Estado en períodos de alta renta, pasando de USD 41 millones a USD 165 millones. Finalmente, el proyecto de ley aguarda su tratamiento en las comisiones de Minería y de Presupuesto y Hacienda tras el pedido formal de los autores, con la meta de brindar previsibilidad jurídica al sector privado mientras se garantiza que los beneficios de la minería se traduzcan en un crecimiento federal sostenible.