El ministro de Minería sanjuanino, Juan Pablo Perea, calificó de «falsas» las declaraciones de las autoridades riojanas. Respaldado en una ley nacional de 1968, aseguró que el yacimiento de oro, plata y cobre está íntegramente en su provincia.
El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió al cruce de las declaraciones de un funcionario de la vecina provincia de La Rioja que aseguraba que parte del proyecto minero sanjuanino Lunahuasi se encontraba en territorio riojano. El funcionario sanjuanino calificó como «falsas» las afirmaciones de su par y ratificó de forma categórica que el emprendimiento se localiza en su totalidad dentro de los límites de San Juan, basándose en la normativa legal vigente que define las jurisdicciones interprovinciales.
El reciente hallazgo de altas concentraciones de oro, plata y cobre en el proyecto, ubicado en el departamento Iglesia, reavivó una disputa territorial que había sido aplacada ante la posibilidad de un acuerdo previo entre la empresa Vicuña y el gobernador riojano Ricardo Quintela. La controversia cobró fuerza tras los resultados de perforación informados por la compañía NGEx Minerals, los cuales posicionan al yacimiento como uno de los más prometedores del país dentro del denominado Distrito Vicuña. Ante esto, el ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, activó el reclamo sosteniendo que parte de los recursos minerales y sus consecuentes impactos ambientales pertenecen a su provincia, señalando en redes sociales que firmas que cotizan en la bolsa de Toronto operarían en suelo riojano.
Frente a este escenario, el argumento central del Gobierno de San Juan se apoya en la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación en 1968. Perea explicó que esta norma establece con claridad la jurisdicción de la zona y fue ratificada en 2014 por el Digesto Jurídico Argentino, lo que consolida toda la legislación vigente del país. Al respecto, el ministro enfatizó que se llevan 57 años con esos límites aplicados sin interrupción a través de administraciones de diferentes signos políticos, por lo que acusó a La Rioja de inventar un conflicto que jurídicamente no existe, concluyendo que San Juan defenderá su territorio con la ley en la mano.
En lo que respecta a la gestión operativa y ambiental, el ministro sanjuanino desmintió técnicamente otra de las afirmaciones del funcionario riojano, quien sostenía que Lunahuasi utiliza el glaciar El Potro. Perea aclaró que dicha aseveración es geográficamente falsa, ya que el glaciar está separado del área del proyecto por una cadena montañosa que impide cualquier vinculación física o ambiental. Se trata de un glaciar descubierto que desciende mayoritariamente hacia territorio chileno y, en menor proporción, hacia La Rioja, tal como consta en la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Asimismo, subrayó que el proyecto cuenta con su propiedad minera en regla, aprobación ambiental vigente y todos los permisos de exploración correspondientes otorgados de forma exclusiva por el Gobierno de San Juan como única autoridad competente.
Por otra parte, Perea rechazó la propuesta riojana de replicar el modelo de gestión conjunta que aplican Salta y Catamarca para el litio. El ministro calificó la comparación como jurídicamente impropia, explicando que aquel modelo funciona porque se trata de salares físicamente compartidos por ambas jurisdicciones, mientras que Lunahuasi es un proyecto netamente sanjuanino sobre un territorio delimitado de manera precisa por la ley nacional, por lo que no existe figura legal que obligue a compartir la administración de sus recursos.
Finalmente, las autoridades de San Juan advirtieron que este tipo de disputas jurisdiccionales dañan la imagen del país frente a los inversores internacionales y afectan la seguridad jurídica en un momento clave para la atracción de capitales. Este nuevo roce se suma a antecedentes de fricción recientes en el megaproyecto Vicuña y el uso del camino de Guandacol, donde la Justicia riojana llegó a frenar temporalmente el tránsito de maquinaria. Desde la cartera minera sanjuanina concluyeron que la provincia está construyendo el polo minero más importante de la Argentina, con una cartera de seis proyectos por más de 30 mil millones de dólares de inversión —que concentran el 60% de los proyectos RIGI del país—, por lo cual exigieron respeto a sus leyes y a su jurisdicción territorial.