Nuevo acuerdo entre YMAD y la UNT: rentas mineras de Catamarca financiarán una obra universitaria en Tucumán

La Legislatura provincial aprobó un acuerdo conciliatorio que restituye a la Universidad Nacional de Tucumán el 40% de las utilidades de YMAD para una nueva ciudad universitaria. El costo estimado del proyecto supera el total de la obra pública prevista en Catamarca para 2026 y generó fuertes cuestionamientos políticos.
La Legislatura de Catamarca aprobó en diciembre un acuerdo conciliatorio entre Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que reavivó la controversia en torno al destino de la renta minera provincial. La norma, sancionada por mayoría simple y sin un debate profundo, garantiza a la casa de estudios tucumana el 40% de las utilidades futuras de la empresa minera, fondos que serán destinados a la construcción de un campus universitario cuyo costo estimado supera el total de la obra pública prevista para la provincia en 2026.

El acuerdo forma parte del denominado “paquete minero” impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, que también incluyó la extinción definitiva del esquema que permitía la participación del Estado nacional en el directorio de YMAD. La conciliación pone fin a un litigio judicial iniciado por la UNT en la Justicia Federal de Catamarca, vinculado a la interpretación del reparto de utilidades establecido por la Ley 14.771, que creó la empresa minera en 1959.

El origen del conflicto se remonta al Acta de Farallón Negro, firmada en 1958 entre la Nación, Catamarca y la UNT. Esa base legal fijó que las utilidades de la explotación minera se distribuyeran en un 60% para la provincia y un 40% para la universidad, con el compromiso de que esta última destinara los recursos a la finalización de la denominada “Ciudad Universitaria”. Sin embargo, en 2008, autoridades de la UNT dieron por concluida esa obra y resignaron la mitad de su participación, pasando a percibir el 20%, mientras el porcentaje restante debía distribuirse entre otras universidades nacionales.

Años más tarde, nuevas autoridades universitarias impugnaron esa decisión y solicitaron judicialmente volver al esquema original. Tras un proceso de negociación, en junio de 2024 la Provincia y la UNT firmaron un acta interpretativa que reconoció la vigencia del reparto 60/40. El paso final fue la firma del acuerdo conciliatorio el 15 de diciembre de 2025, rubricado por ambas partes y YMAD, y posteriormente ratificado por la Legislatura.

El texto oficial sostiene que la conciliación busca “restablecer la certeza jurídica” y garantizar la estabilidad institucional de la empresa minera. No obstante, el destino concreto de los fondos generó fuertes críticas. La UNT argumentó que el proyecto original de ciudad universitaria quedó obsoleto, que los planos se perdieron y que la localización inicial en la Sierra de San Javier ya no es viable por tratarse de un área protegida tras la sanción de la Ley de Bosques. En ese marco, el acuerdo menciona solo una “estimación” de obra de 135.000 metros cuadrados, sin un proyecto ejecutivo definido ni plazos de finalización.

Según esa referencia, las utilidades de YMAD se destinarán prioritariamente a financiar esa construcción hasta cubrir su totalidad. Recién entonces se conformaría un fondo nacional para distribuir el 20% de las ganancias entre otras universidades. La cláusula segunda establece que, una vez cumplido ese objetivo, el reparto quedará en 60% para Catamarca, 20% para la UNT y 20% para el sistema universitario nacional.

El acuerdo también incluye una cláusula de indemnidad que protege a YMAD, sus autoridades y su personal frente a eventuales reclamos de terceros, como otras universidades. Para ello, la UNT deberá constituir un fondo de garantía equivalente al 8% de las utilidades que perciba.

Durante el debate legislativo, la iniciativa fue duramente cuestionada por sectores de la oposición. Diputados de distintos bloques advirtieron que la Universidad Nacional de Catamarca dejará de percibir recursos, que no se precisan mecanismos claros de auditoría y que el convenio amplía la participación de la UNT a proyectos mineros que no estaban contemplados en el acta original. También se señaló la falta de información sobre la actualización de los montos y el control de las finanzas de YMAD tras la salida del Estado nacional de su directorio.

El eje más crítico estuvo puesto en la magnitud económica del compromiso asumido. Tomando un valor promedio de construcción de 2.000 dólares por metro cuadrado, la obra estimada de 135.000 metros cuadrados demandaría unos 405.000 millones de pesos. Esa cifra supera en más de un 15% el presupuesto total de obra pública de Catamarca para 2026, que asciende a 351.317 millones de pesos y contempla 211 proyectos en todo el territorio provincial.

La aprobación del acuerdo dejó planteado un debate de fondo sobre el uso de los recursos no renovables de la provincia, la equidad en su distribución y las prioridades de inversión pública. Mientras el oficialismo defendió la conciliación como una salida jurídica a un conflicto histórico, los cuestionamientos apuntan a la falta de proporcionalidad entre el beneficio otorgado y las necesidades de infraestructura y desarrollo de Catamarca.