Neuquén: Respaldo express de Pereyra a una millonaria demanda ambiental contra petroleras

Después de 12 años de idas y vueltas en los despachos de la Corte Suprema de Justicia CSJN), la demanda por presunto daño ambiental iniciada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa) contra YPF y otras petroleras que cuentan con concesiones en la Cuenca Neuquina registró en los últimos días algunos movimientos interesantes.

El más curioso tuvo como protagonista a Guillermo Pereyra, líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, que en un impensado accionar respaldó ante la Justicia en forma efímera el planteo impulsado por Assupa, que exige una cifra exorbitante –alrededor de US$ 5000 millones- para remediar el presunto daño ambiental cometido por las productoras de hidrocarburos.

Por decisión del secretario del gremio, el abogado Hernán Prieto Alemandi, un ex general de brigada -retirado del Ejército en 2010 por decisión de la entonces ministra de Defensa Nilda Garré- que hoy es apoderado del sindicato, presentó un escrito solicitando que el máximo tribunal acepte al gremio como co-demandante en la causa. El documento circuló entre las principales petroleras. Además de YPF, están demandadas Pan American Energy (PAE), Total y Petrobras.

El escrito dejó en evidencia una arriesgada jugada de Pereyra –también senador nacional en representación del Movimiento Provincial Neuquino (MPN)-, que desde el inicio de las actuaciones se había mantenido al margen de la demanda de Assupa, al menos en el terreno legal. En su rol de presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara Alta, Pereyra había recibido el año pasado una carta de la asociación. Además, el sindicato que encabeza firmó convenios de colaboración con Assupa para tratar los presuntos daños en la cuenca Neuquina, que involucra a cinco provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza y parte de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, de ahí a avalar en forma explícita la posición de la entidad han un abismo de distancia. En la práctica, el aval del sindicato implicaba un apoyo importante para los intereses de la asociación ambientalista; en especial en un momento en que la Corte se apresta a tomar una resolución sobre la denuncia.