Nación y provincias apuran licencia social para desarrollar minería

En el Gobierno ven que el sector es clave para atraer inversiones en la pospandemia y generar exportaciones. También apuntan a brindar condiciones estables por 30 años.

El Gobierno nacional busca potenciar la minería, sector al que observa como la gran esperanza para atraer inversiones y generar divisas. Con ese objetivo, apunta en conjunto con las provincias a destrabar el principal bloqueo para generar nuevos desarrollos, el referido a la licencia social.

Semanas atrás, la Casa Rosada impulsó la Mesa Nacional Minera a través del ministerio de Desarrollo Productivo que dirige Matías Kulfas, y el aval ambientalista fue uno de los ejes de discusión. Hacia atrás, quedaba fresco el antecedente mendocino, cuando a inicios de la gestión de Rodolfo Suarez debió dar marcha atrás con los cambios a la ley minera por las protestas de grupos ecologistas, pese a contar con apoyo incluso de la oposición del PJ. Hacia adelante, en Chubut hubo marchas la semana pasada contra el mandatario Mariano Arcioni tras pronunciarse a favor de la mesa nacional. El reclamo, que había empezado de forma pacífica, no terminó bien: un grupo de personas incendió la ventana de la oficina de Arcioni en la Casa de Gobierno de Rawson.

Las dos provincias son centrales para el avance de la minería: mientras Chubut espera autorización para el Proyecto Navidad con una inversión de entre u$s1.000 millones y u$s1.300 millones (estima una producción de 16.5 millones de onzas anuales de plata-cobre y plata-plomo, y la generación de 2.500 puestos de empleo por año), Mendoza avanza en la recuperación de Potasio Río Colorado, luego de que el Gobierno provincial recuperara los activos que estaban en manos de la brasileña Vale por el trunco proyecto que se inició en 2009. Además, desde la intendencia de Malargüe insisten en que se le dé una excepción en la fallida modificación de la Ley que buscaba habilitar el uso de sustancias químicas. En ese municipio hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría: oro, plata, cobre. Y sus habitantes levantan el pulgar.

El otro punto que trabaja la Mesa Nacional es el de la seguridad jurídica, para garantizar condiciones estables a las empresas en el largo plazo. Y también de replicar el modelo San Juan en el resto de los distritos. Por eso, se habla de una estrategia a treinta años, con participación también de las cámaras empresarias. Una de las principales firmas del sector que ya opera en el país, dijo a Ámbito que “a diferencia de otros sectores, las inversiones son a largo plazo, ya que hay que hay que desarrollar infraestructura en zonas alejadas de los centros urbanos”. En la compañía, que tiene representación en la mesa, aclararon que también es central “brindar información para tranquilizar a la sociedad, ya que a veces quienes protestan parten de premisas falsas”.

En ese sentido, la semana pasada, la subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación, Laura Ropolo, dijo que el sector tiene “todos los atributos para poner de pie al país y atraer las grandes inversiones” en la feria Expomin, organizada por el sector minero chileno. “Argentina necesita pensar un plan para los próximos 30 años sabiendo que en términos de potencial geológico metalífero y de litio es un país muy joven”. La funcionaria que responde al secretario Alberto Hensel bregó por “reglas claras a largo plazo para la inversión”.

Trabajo

Los cinco puntos que se comprometió a reforzar la Mesa Nacional son la inclusión territorial, la sostenibilidad ambiental, la competitividad, la cadena de valor, y el marco institucional. “Mendoza tiene interés y vamos a participar todo lo posible. Vemos músculo y muchos recursos para comunicación y eso bien orientado hace diferencia. No hay grieta entre los técnicos”, dijeron a este medio desde la provincia. “Es el mismo trabajo que hicimos nosotros a nivel provincial hace cuatro años y tuvo como resultado un documento de propuesta de política de Estado, pero nos costó y no logramos incluir a los ambientalistas que definitivamente no querían participar”.

En otro distrito también mencionaron las trabas en ese punto, y señalaron que los grupos antiminería “evidencian en muchos casos una posición ideologizada carente de fundamentos técnicos”. Desde esa misma provincia mencionaron que tampoco hubo grupos ambientalistas en la discusión nacional y pidieron “un fuerte accionar político”.

“Desde San Juan siempre hemos apostado a la seguridad jurídica, al desarrollo económico de las comunidades, a la competitividad, al cuidado del ambiente, al uso racional de los recursos naturales, y se seguirá trabajando en pos de ello a través del plan”, comentaron por su parte desde el Gobierno de Sergio Uñac, donde semanas atrás la empresa Josemaria Resource, subsidiaria de la canadiense Lundin, dio un paso clave para una mega inversión a u$s3.000 millones para el proyecto de cobre y oro Josemaría al señalar que fueron positivos los estudios de factibilidad. La compañía también afirmó que los metales se exportarán a través de puertos argentinos en vez de utilizar los chilenos.

“Este espacio de diálogo que se está generando desde Nación nos permite seguir construyendo la licencia social. Estamos hablando de comunidades que se verán favorecidas a través de la redistribución de la riqueza. Esto también es positivo, porque la industria minera es una actividad netamente exportadora, y a través de ella ponemos en valor y potenciamos las industrias locales”, agregaron.

También en el norte hay entusiasmo con las reservas de litio. Días atrás, la automotriz Toyota mencionó que utilizará el litio del NOA para el desarrollo de baterías de autos eléctricos; y el mandatario salteño Gustavo Sáenz se reunió con autoridades de la minera Hanaq Group, que operan en el Salar de Diablillos, donde se anunció la primera exportación de cloruro de litio.

Y en Catamarca, dos días atrás el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, se refirió junto al gobernador Raúl Jalil a los controles que habrá de parte del Estado para controlar la sustentabilidad de la minería, ante las marchas y contramarchas que se hicieron en la provincia a favor y en contra de la actividad. Fuente: Ámbito.