Minería de uranio: la CNEA analiza ofertas de EE. UU. y Canadá para exportar bajo el RIGI

El Gobierno coordina con las provincias el acceso a yacimientos clave de Chubut y Mendoza para reactivar la producción del mineral, en un negocio proyectado en u$s 500 millones anuales.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) analiza propuestas de empresas de Canadá y Estados Unidos para desarrollar yacimientos de uranio orientados a la exportación, un mercado que estiman podría generar ingresos por unos u$s 500 millones anuales. Los inversores aspiran a ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y buscan acceder a los principales activos que permanecen bajo la titularidad del organismo estatal: el yacimiento Cerro Solo, en Chubut, y Sierra Pintada, en Mendoza.

El plan oficial contempla que el ingreso de capitales privados aporte a la identificación de las reservas de uranio del país, ya que actualmente no se encuentran fehacientemente delimitadas. Argentina cuenta con 35.000 toneladas verificables y recuperables, y estima que posee entre 100.000 y 200.000 toneladas de reservas aún sin identificar, volúmenes que sitúan al país por debajo de las potencias mundiales del sector lideradas por Australia, Kazajistán y Canadá. En el ámbito local, la normativa vigente (Ley 19.919) estipula que la producción nacional debe abastecer con 220 toneladas el consumo interno de las tres centrales nucleares operativas (Atucha I-II y Embalse), una demanda que hoy el Gobierno cubre mediante importaciones desde Kazajistán.

La CNEA cuenta con dos propuestas de inversión para extraer uranio en Cerro Solo y otras dos para Sierra Pintada. Cerro Solo concentra unas 8.000 toneladas de uranio identificadas y requiere us15millonesinicialesparacompletarlaprefactibilidadteˊcnicayeconoˊmica,mientrasqueenelsurdeChubutyelnortedeSantaCruz—enlacuencadelgolfoSanJorge—lasautoridadessen~alanlaexistenciadelmayordepoˊsitodelpaıˊs.Porsuparte,SierraPintadaposeerecursosprobadosde10.000toneladas,loqueloconvierteenelmayoryacimientodelterritorionacional,requiriendounainversioˊnaproximadadeus 500 millones para su remediación ambiental y reactivación productiva tras haber dejado de operar en 1997.

La administración nacional coordina gestiones con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para conseguir la licencia social y asegurar la remediación ambiental. En dicha provincia rige la Ley 7722 que prohíbe el uso de ácido sulfúrico para la extracción, reactivo que se utilizaba en el pasado bajo la modalidad a cielo abierto con pilas de lixiviación y cuya restricción eleva los costos operativos al obligar el uso de otras técnicas. En paralelo, el organismo trabaja con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para lograr el consenso político que permita reglamentar el artículo 2 de la Ley Provincial 5001. Dicha normativa prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro, pero faculta al Consejo Provincial del Ambiente (Copram) a establecer zonas de explotación exceptuadas de la prohibición general.

Además de los activos de la CNEA, que incluyen los yacimientos de menor escala Laguna Colorada en Chubut y Don Otto en Salta, existen proyectos ya concesionados al sector privado. El más avanzado es el proyecto Ivana, ubicado en Valcheta (Río Negro) y operado por la canadiense Blue Sky Uranium en alianza con Corporación América, de Eduardo Eurnekian; este depósito superficial de uranio y vanadio es apto para minería de bajo costo y podría estar operativo en menos de cinco años. Completan la lista de concesiones privadas los bloques Laguna Salada, controlado por Jaguar Uranium Corp., y Meseta Central, a cargo de Ur-América Ltd., ambos en Chubut.

Las gestiones y el rediseño del plan nuclear del Gobierno nacional, ante las previsiones de que la demanda mundial de uranio se duplicará para el año 2040, se encuentran a cargo del secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, funcionario que depende del ministro de Economía, Luis Caputo.