La declaración patrimonial oficial del mandatario estadounidense reveló una posición de seis cifras en la minera de oro más grande del mundo, lo que instala un vector de riesgo por conflicto de interés en las decisiones sobre aranceles, tierras federales y acuerdos de minerales críticos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, posee una inversión de seis cifras en Newmont Corporation, según consta en su declaración patrimonial oficial ante la Oficina de Ética del Gobierno de los Estados Unidos. Si bien la normativa federal solo exige declarar rangos y no el monto exacto, la existencia de esta posición en la minera de oro más grande del mundo impacta en el tablero regulatorio de la industria extractiva en Norteamérica. Newmont (NYSE: NEM) representa la mayor capitalización bursátil en minería de oro a nivel global y opera en Nevada, Colorado, México, Canadá, Australia, Ghana, Perú, Surinam y Argentina. Su desempeño financiero está vinculado al precio del metal, a los marcos regulatorios y a las decisiones de política exterior de Washington.
Esta revelación coincide con un contexto donde la administración Trump ha convertido a los minerales críticos en un asunto de seguridad nacional. Desde el primer trimestre de 2025, la Casa Blanca firmó órdenes ejecutivas que aceleran permisos federales para proyectos extractivos, abren porciones de tierras públicas a la exploración y priorizan el abastecimiento doméstico de metales estratégicos para reducir la dependencia de las cadenas de suministro chinas. Newmont es el principal receptor de cualquier política que acelere la producción aurífera en suelo federal a través de Nevada Gold Mines, su joint venture con Barrick Gold que produce alrededor del 70% del oro estadounidense. Asimismo, la empresa captura de manera directa los beneficios de eventuales reducciones en exigencias ambientales sobre gestión de residuos o de la simplificación de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en estados mineros.
El entorno económico sectorial muestra que el oro superó los US$3,100 por onza troy en el primer trimestre de 2025 y se ha mantenido cerca de máximos históricos. En esta escala de producción, cada punto porcentual de reducción en costos operativos derivado de un cambio regulatorio se traduce en decenas de millones de dólares adicionales en utilidades para la compañía. Los mercados financieros procesaron la noticia con moderación; las acciones de Newmont subieron de forma leve tras la revelación. Los fondos de pensiones y hedge funds con posiciones en la empresa proyectan la continuidad de una política minera general basada en tierras federales abiertas, permisos acelerados y aranceles protectores sobre metales importados.
El análisis de riesgo del mercado no ha descontado por completo la posibilidad de que la revelación genere un escrutinio legislativo capaz de limitar las políticas de la administración. En 2019, el Congreso cuestionó las tenencias de Trump en empresas afectadas por sus decisiones arancelarias, y el escenario actual involucra al oro en un contexto de tensión en las cadenas de suministro globales. Paralelamente, el metal adquirió una dimensión adicional entre 2024 y 2025, cuando los bancos centrales de China, India, Polonia y Turquía compraron reservas a un ritmo que no se registraba desde la crisis financiera de 2008-2009, desacoplando parcialmente al metal de su correlación histórica con las tasas de interés reales para posicionarlo como instrumento de diversificación frente al dólar.
Estados Unidos es el noveno productor mundial de oro, con aproximadamente 160 toneladas anuales. Aunque no domina la oferta global frente a productores como Australia, Rusia, Canadá, China y Ghana, Washington controla las reglas bajo las cuales operan las grandes mineras que cotizan en bolsas norteamericanas, como Newmont, Barrick, Kinross y Agnico Eagle, reguladas por la SEC o la CFTC. Las decisiones sobre divulgación, cumplimiento ambiental y acceso a tierras en EE. UU. afectan a empresas con operaciones en seis continentes.
Para los inversionistas institucionales con posiciones en mineras de oro en suelo estadounidense, la declaración patrimonial presenta tres lecturas. En el corto plazo, las políticas de la administración seguirán protegiendo márgenes y acelerando desarrollos en etapa de permiso. En segundo lugar, aumenta el riesgo político debido a que la oposición legislativa y los medios especializados revisarán las decisiones regulatorias del sector, lo que añade incertidumbre a los plazos de proyectos que requieran aprobaciones federales. Por último, la exposición geopolítica del oro se vincula ahora a la alineación de los incentivos personales de quien gobierna las jurisdicciones de producción con los del sector, una variable históricamente reservada al análisis de países emergentes que se instala en el mercado desarrollado estadounidense. La declaración patrimonial de Trump modifica el estándar de escrutinio bajo el que serán evaluadas las decisiones que afecten al sector durante el resto de su mandato.