Mendoza busca aval legislativo para «Don Luis»: el primer proyecto de exploración de litio en el sur provincial

El Ejecutivo mendocino envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental del emprendimiento ubicado en San Rafael y Malargüe, que contempla el uso de tecnologías de extracción directa (DLE) para minimizar el impacto hídrico.

El Gobierno de Mendoza dio un paso decisivo para diversificar su matriz productiva con el ingreso a la Legislatura del proyecto minero “Don Luis y Otro”. El gobernador Alfredo Cornejo envió esta semana el expediente que contiene la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cumpliendo con las exigencias de la Ley N° 7722, que obliga a la ratificación de ambas cámaras para el inicio de cualquier actividad minera en la provincia.

El proyecto, centrado en la exploración de sales de litio, abarca una superficie de más de 234,000 hectáreas distribuidas entre los departamentos de San Rafael y Malargüe, específicamente en la zona de Salinas del Diamante. La iniciativa es impulsada por la empresa local El Jarillar SA, en asociación con la australiana Ampere Lithium.

Innovación técnica y compromiso ambiental

Lo que distingue a «Don Luis» de los proyectos tradicionales del Triángulo del Litio es su enfoque tecnológico. Los impulsores han planteado que, de obtener resultados favorables en las fases de exploración, el desarrollo considera la aplicación de Extracción Directa de Litio (DLE).

Esta tecnología permite separar el mineral de la salmuera sin necesidad de grandes piletones de evaporación, lo que reduce drásticamente el uso de superficie y optimiza la gestión del recurso hídrico, una de las principales preocupaciones en la provincia. La etapa inicial de exploración contempla estudios geofísicos magnetotelúricos y perforaciones de entre 90 y 600 metros de profundidad.

El expediente llega al Senado provincial tras un riguroso proceso de evaluación que incluyó:

• Dictámenes de múltiples organismos técnicos y sectoriales.
• Una visita técnica al yacimiento.
• Dos audiencias públicas realizadas en San Rafael y Malargüe para recoger las inquietudes de las comunidades locales.

La normativa vigente establece que, de ser aprobado, la evaluación ambiental del proyecto deberá actualizarse cada dos años como condición para mantener su continuidad.

El avance del proyecto ocurre en un marco de reformas legislativas a nivel nacional y provincial. Recientemente, el Congreso de la Nación sancionó cambios en la Ley de Glaciares, otorgando mayor autonomía a las provincias para la gestión de sus recursos en zonas de alta montaña. En Mendoza, el Ejecutivo busca consolidar este proyecto como un modelo de «minería sustentable» que genere empleo para proveedores locales y profesionales del sur mendocino.

Sin embargo, el debate legislativo no será sencillo. Organizaciones ambientalistas y vecinos de la zona sur ya han manifestado su rechazo, centrando sus argumentos en la protección de las cuencas hídricas. La discusión en las comisiones de la Casa de las Leyes combinará la factibilidad técnica con la viabilidad política de un sector que busca dejar atrás años de estancamiento.