Ley de Desarrollo Local Minero: San Juan finalizó el proyecto y lo envía a la Legislatura

El Ejecutivo provincial busca fijar metas obligatorias de un 80% de empleo y 60% de compras a nivel provincial mediante un sistema de incentivos fiscales y planes de desarrollo obligatorio para las operadoras.

El Gobierno de San Juan completó la redacción del proyecto de la Ley de Desarrollo Local Minero y su remisión a la Cámara de Diputados provincial es inminente. La normativa, confirmada por el ministro de la Producción, Gustavo Fernández, plantea un abordaje integral que excede los lineamientos de una ley de proveedores convencional, al articular bajo una misma reglamentación la contratación de mano de obra, el compre local y la vinculación estratégica de las empresas con la planificación de los municipios mineros.

El texto legislativo se estructura sobre tres ejes: empleo, proveedores y planes comunitarios. Para medir el impacto económico en las zonas de influencia, el proyecto unifica criterios y establece una clasificación jerárquica que distinguirá entre proveedores de la comunidad del proyecto, del municipio y del resto de la provincia. Además, la norma ponderará el valor agregado dentro de la cadena de suministros, otorgando mayor relevancia a los eslabones industriales sobre los comerciales y de servicios.

Las compañías mineras que operen en la provincia tendrán la obligación de presentar planes de desarrollo que incluyan análisis de brechas de mercado, explicitando sus necesidades futuras frente a la oferta disponible en San Juan. El esquema regulatorio también exigirá la implementación de procedimientos transparentes en las convocatorias de ofertas y en la comunicación de las adjudicaciones de contratos. Desde la perspectiva legal, el Estado fundamenta estas exigencias en el carácter de la actividad, que consiste en la explotación privada de un recurso público mediante un sistema de concesión provincial.

En términos cuantitativos, el proyecto fija una meta gradual del 80% para la contratación de personal residente en la provincia y del 60% del monto total facturado para la adquisición de bienes y servicios sanjuaninos. Como contrapartida al cumplimiento de estos objetivos, el Gobierno otorgará un bono de crédito fiscal aplicable al pago de impuestos provinciales; en caso de que las mineras exportadoras cuenten con exenciones impositivas, estos créditos podrán transferirse exclusivamente a sus propios proveedores locales para la cancelación de obligaciones tributarias.

El Ejecutivo provincial fundamenta el cumplimiento de la norma en la consolidación de la licencia social a través de la exposición pública del desempeño de cada compañía. Respecto al trámite parlamentario, el oficialismo prevé un tratamiento ágil y cuenta con una base de consenso tras haber mantenido reuniones previas con los diferentes bloques de la Cámara de Diputados.