Un informe ejecutivo proyecta que la demanda laboral del sector superará los 50.000 trabajadores directos en la próxima década, impulsada por los grandes proyectos cupríferos que entrarán en producción entre 2028 y 2035.
El estudio, elaborado por el expresidente de la Cámara Minera, Ricardo Martínez, advierte sobre la urgencia de acelerar la formación de capital humano calificado para evitar un cuello de botella operativo. El plan estratégico, presentado ante empresas del sector y el Estado provincial, detalla que la dotación de personal directo deberá pasar de los actuales 4.800 trabajadores a más de 50.000, con un impacto multiplicador que generará entre cuatro y cinco puestos indirectos por cada empleo directo contratado.
La proyección de la demanda laboral por perfiles técnicos y profesionales se estructurará de la siguiente manera:
- Operadores de mina y planta: 18.000 trabajadores destinados a la operación diaria de los procesos extractivos y procesamiento de mineral.
- Mecánicos de equipos pesados: 12.000 técnicos para el mantenimiento de la flota de camiones, palas y perforadoras.
- Logística y cadena de suministro: 10.500 operarios para las áreas de transporte, abastecimiento, almacenamiento y compras en alta montaña.
- Ingenieros de mina y procesos: 8.200 profesionales para la planificación, optimización y eficiencia de los proyectos.
- Higiene, seguridad y ambiente: 6.500 especialistas orientados al cumplimiento de los estándares ambientales y de seguridad laboral.
- Tecnología y transformación digital: 4.800 profesionales especializados en automatización, robótica y análisis de datos.
- Gestión social comunitaria: 3.000 profesionales para coordinar el vínculo territorial entre las empresas y las comunidades locales.
Para cubrir este requerimiento, el informe plantea la meta de incrementar los egresados técnicos anuales de los 3.000 actuales a 8.000 hacia 2030, buscando alcanzar un acumulado de 15.000 nuevos profesionales para 2035. La estrategia educativa propuesta contempla la instalación de aulas híbridas en los departamentos mineros, la creación de un Instituto Provincial de Minería con participación corporativa, el diseño de programas específicos de alta montaña y la inclusión de cláusulas de capacitación y contratación local dentro de los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Asimismo, se prevé elevar la participación laboral femenina del 12,6% actual al 25%.
El esquema de financiamiento diseñado para sostener el plan educativo y de infraestructura propone la creación de un Fondo de Educación Minera compuesto por el 15% de las regalías de los nuevos emprendimientos, el redireccionamiento del 40% del Fondo Especial para el Desarrollo Minero, y un aporte equivalente al 0,5% de la masa salarial de los proyectos que operen bajo el RIGI, complementado con asignaciones de empresas privadas y convenios con organismos internacionales.