El Gobierno reforma la Ley de Inversiones Mineras e integra el RIGI y el recupero digital del IVA

La Secretaría de Minería oficializó el Registro de Inversiones Mineras (RIM) y unificó la devolución fiscal con ARCA a través del Sistema Integral de Recupero, agilizando un sector que registra USD 400 millones anuales en exploración.

La Secretaría de Minería del Ministerio de Economía de la Nación formalizó una reforma integral en los procedimientos de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras, adecuando la normativa al Decreto 482/2026 mediante la modificación del Anexo de la Resolución 30/2018. La medida busca agilizar la gestión administrativa, simplificar la actualización de registros e incrementar la trazabilidad institucional en la fiscalización de los proyectos extractivos a escala nacional.

Entre los ejes centrales del nuevo esquema destaca la oficialización del Registro de Inversiones Mineras (RIM), un soporte informático centralizado que asignará un código único (ID) a cada proyecto identificándolo vía CUIT. Asimismo, la norma regula los requisitos de permanencia y Domicilio Legal Electrónico para empresas proveedoras de servicios, estructura la validación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) en concordancia con la Ley General del Ambiente y articula la continuidad registral entre la Ley N° 24.196 y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

En forma simultánea, Minería y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pusieron en marcha la digitalización del reintegro de créditos fiscales de IVA para la exploración (artículo 14 bis de la Ley N° 24.196) mediante la Resolución General 5879/2026. A través del Sistema Integral de Recupero (SIR), se elimina el circuito en papel vigente desde 2004, limitando la intervención de la Autoridad de Aplicación a la certificación técnica de la vinculación directa de los gastos con proyectos registrados.

La modernización procesal busca dar respuesta a un reclamo histórico de la industria en un escenario de aceleración en la actividad exploratoria, donde los desembolsos pasaron de un promedio histórico de USD 100 a 200 millones a ubicarse en torno a los USD 400 millones anuales. Con 74 compañías dedicadas a la prospección y intensidades de perforación de apenas 3 a 5 metros por km² —frente a los 10 a 20 metros de países como Chile—, el Ejecutivo apunta a dinamizar el flujo de inversión técnica en las provincias mineras.