El Gobierno eliminó programas de fiscalización ambiental y minería social

A través de la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, el Ejecutivo derogó mecanismos de monitoreo ambiental y programas sociales del sector bajo el argumento de reducir estructuras estatales, manteniendo al mismo tiempo la ejecución de auditorías financieras sobre los fondos transferidos.

La Secretaría de Minería formalizó la derogación del Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, creado previamente mediante la Resolución 53/2022. La norma eliminada otorgaba asistencia técnica y financiera a las provincias para la supervisión y mitigación de los impactos ambientales derivados de la actividad minera a gran escala. La resolución oficial justifica la baja apelando a la necesidad de implementar mecanismos alternativos más eficientes, sin detallar los organismos ni los recursos destinados a suplir dichas funciones.

La disposición también dispuso la desactivación del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, el Plan Nacional de Minería Social y la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas, fundamentando la decisión en una pérdida de operatividad de las estructuras o en la eventual absorción de sus tareas por nuevas instancias de coordinación.

A pesar de la cancelación de estos programas, el marco normativo establece de forma explícita que las derogaciones no interrumpen los procedimientos de control de ejecución, rendición de cuentas ni las acciones de recuperación de fondos presupuestarios previamente asignados a provincias o municipios.