En septiembre de 2006, en medio de las crecientes restricciones energéticas, el entonces secretario de Energía, Daniel Cameron, firmó la resolución 1281/06 en la que se estableció que la energía comercializada en el mercado “spot” por los agentes dependientes del Estado Nacional –como algunas usinas hidroeléctricas y las nucleares- tendría como destino prioritario a consumidores residenciales, comercios y pequeñas y medianas empresas. Es decir, toda la demanda atendida por las distribuidoras de energía eléctrica del mercado mayorista. “Resulta responsabilidad del Estado Nacional velar por los derechos de aquellos usuarios finales, que no tienen oportunidad, capacidad y/o medios para poder decidir, por sí mismos, el proveedor de su suministro de energía eléctrica, al no disponer de otras alternativas hábiles a su alcance”, decía la resolución.
En esa misma norma de 2006 se estableció que las grandes compañías que necesitaran más electricidad que la consumida en 2005 debían negociar directamente el precio de ese excedente con las empresas generadoras por fuera del mercado eléctrico mayorista. La resolución estableció que el nuevo precio debería cubrir los costos y tendría, además, un margen de utilidad. Esa decisión derivó en aumentos para los usuarios de gran demanda (mayor a los 300 kilovatios), aunque la resolución estableció que los nuevos valores pactados debían ser aprobados por el Ministerio de Planificación Federal.
Desde entonces los valores se fueron actualizando periódicamente. El último ajuste había sido en febrero del año pasado cuando, a través de la nota 111/2016, el nuevo valor tope al cargo por demanda excedente trepó de $450 a $650 MWh. El jueves de la semana pasada Aranguren resolvió elevar ese valor a $1200 MWh, un 84,6 por ciento en respuesta a la suba de costos, motivada fundamentalmente por la disparada del dólar.
Fuente: Ministerio de Energía de la Nación