La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial iniciará esta semana su tratamiento parlamentario con el giro a comisiones. El articulado busca incrementar la contratación de mano de obra y empresas locales en los emprendimientos mineros mediante planes de desarrollo, metas comerciales e incentivos financieros.
El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Fabián Martín, confirmó que la denominada «ley de proveedores» tomará estado parlamentario en los próximos días. El texto técnico será derivado a las comisiones de Minería y de Asuntos Legales y Constitucionales para su análisis detallado, un proceso de revisión y emisión de despachos oficiales que demandará aproximadamente un mes y cuya votación en el recinto podría concretarse tras el receso invernal.
La normativa fue redactada por el Ministerio de Producción luego de un proceso de diseño sectorial de dos años que incluyó a cámaras empresariales y sindicatos de la cadena de valor minera. A diferencia de esquemas regulatorios rígidos, el proyecto descarta la imposición de cupos obligatorios y opta por exigir a las operadoras mineras la presentación de planes de desarrollo que otorguen previsibilidad sobre su demanda de bienes y servicios a la administración pública.
El marco regulatorio establece que las empresas proveedoras que aspiren a los beneficios deberán certificar arraigo en la provincia mediante un establecimiento físico visible, inversiones constatables en el territorio y una estructura operativa real. Según los lineamientos del Ministerio de Producción, el objetivo de la legislación es asegurar que las inversiones proyectadas en yacimientos de cobre y otros minerales dinamicen de forma prioritaria a los municipios donde se asientan los proyectos antes de extenderse al resto del entramado productivo provincial.