El Gobierno argentino apunta al 24 de junio para tratar el «Súper RIGI» en el Congreso

El oficialismo busca dictaminar en las comisiones de la Cámara de Diputados para sesionar a fin de mes, en una jornada clave donde también se prevé debatir de forma conjunta la Ley de Lobby.

La Cámara de Diputados de la Nación inició las negociaciones parlamentarias para avanzar con el tratamiento del proyecto de ley denominado «Súper RIGI», el nuevo régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios impulsado por el Poder Ejecutivo. La estrategia del oficialismo consiste en reunir los consensos necesarios con los bloques aliados durante las próximas semanas para emitir los dictámenes de comisión correspondientes. El objetivo de la Casa Rosada es convocar a una sesión especial tentativa para el 24 de junio, sujeta a la evolución de las discusiones, para debatir esta iniciativa de promoción junto con la Ley de Lobby, la cual busca transparentar la relación entre gestores de intereses, funcionarios públicos y legisladores.

El denominado «Súper RIGI» funciona como una nueva versión del esquema original de grandes inversiones aprobado en 2024, pero redobla la apuesta impositiva y cambiaria al orientarse exclusivamente a proyectos de gran escala vinculados a actividades industriales, mineras, tecnológicas e infraestructura digital. La normativa establece un piso mínimo de inversión de USD 1.000 millones para las empresas que decidan adherirse. De acuerdo con el texto enviado por el Poder Ejecutivo, el marco de beneficios prevé una reducción en la alícuota del Impuesto a las Ganancias, esquemas de amortización acelerada, exenciones en los derechos de importación y exportación, y un acceso gradual a la libre disponibilidad de divisas generadas por las ventas al exterior.

En el sector minero, el impacto del proyecto se dará de forma indirecta. A diferencia del régimen previo, esta legislación se enfoca únicamente en incentivar la industrialización de los minerales y el desarrollo de nuevas cadenas de valor avanzadas, por lo que quedan excluidos de los beneficios los procesos de extracción de recursos naturales crudos. El recorrido legislativo de la propuesta comenzó en los primeros días de junio mediante una serie de reuniones informativas en las comisiones de la Cámara baja, donde expusieron funcionarios nacionales, especialistas, representantes de organizaciones civiles y referentes del sector empresarial para manifestar sus posiciones y observaciones técnicas sobre el articulado de las leyes.