Enviaron una misiva a la presidenta de la Nación
A raíz del atraso tarifario, varias pequeñas distribuidoras provinciales están al borde de la quiebra. Compran el gas más caro de lo que el Gobierno los autoriza a venderlo.
La precariedad del negocio de distribución de gas –producto del atraso de las tarifas residenciales frente a la inflación– se instaló nuevamente en agenda en septiembre con el pedido de quiebra en la Justicia elevado por Pan American Energy (PAE) contra Metrogas, la mayor distribuidora del país, controlada por YPF, por una deuda de u$s 30 millones acumulada durante los últimos dos años.
Al margen de ese conflicto legal, que amplificó su resonancia porque enfrenta a los dos principales jugadores del negocio hidrocarburífero local, son múltiples los elementos que dan cuenta de la crisis económica-financiera que atraviesa el negocio de distribución. En concreto, la dificultad que se repite entre las empresas de la industria es que sus ingresos (provenientes de las tarifas que abonan los consumidores) no alcanza para cubrir los costos de operación del sistema.
Por espalda, escasa capacidad para hacerse escuchar en despachos oficiales y ubicación en la cadena de valor del negocio (son el último orejón del tarro del sector), ese denominador común encuentra su máxima expresión entre los subdistribuidores de gas, tal como se conoce a las pequeñas compañías que prestan el servicio de gas natural en localidades alejadas de los grandes centros urbanos y zonas rurales.
En conjunto, las 35 empresas nucleadas en el Instituto de Subdistribuidores de Gas (ISGA), la principal asociación de este segmento, adeudan más de $ 120 millones a las distribuidoras que le venden el fluido. La situación puso al borde de la quiebra a varias compañías, que por lo general surgieron de emprendimientos locales con un alto contenido social y comunitario en lugares no abastecidos por las grandes distribuidoras licenciatarias de gas.
A raíz de eso, y tres intentar infructuosamente ser atendidos por funcionarios de los ministerios de Planificación y Economía, los subdistribuidores enviaron el 2 de septiembre una carta a la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. “Señora Presidenta, el estado de crisis del sector que representamos, y la necesidad de deslindar responsabilidades, nos impulsan a efectuar esta presentación ante Usted para que con los medios a su alcance provea una pronta solución a la crisis que nos agobia”, reclama la misiva firmada por el secretario del ISGA, Juan Pedro Sagripanti, y su vicepresidente, Jorge León, a la que tuvo acceso El Inversor Energético & Minero. “Nuestro sector se encuentra agonizando sumido en una profunda crisis, por motivos totalmente ajenos a la voluntad de los emprendimientos que lo componen”, agrega, en tono dramático.
Insostenible
Los subdistribuidores brindan servicio a cerca de 350.000 usuarios residenciales de gas. En total, benefician a un universo de más de 1,7 millones de personas. Además, abastecen del fluido por red a otros 3.500 establecimientos de concurrencia masiva (hospitales, sanatorios, escuelas, universidades, edificios municipales y destacamentos de fuerza de seguridad, entre otros). Las entidades representadas por el ISGA abastecen de gas a algunas ciudades de magnitud, como Paraná, Junín, Partido de la Costa, Pinamar, Dolores; San Francisco y Arroyito (Córdoba); Casilda y Firmat (Santa Fe).
En mayo de este año, la Secretaría de Energía, que dirige Mariana Matranga, publicó la Resolución 263, que aprobó un subsidio del Estado –pagadero en 36 cuotas mensuales– de $ 2.590 millones para que las distribuidoras –con Metrogas, Gas Natural BAN y Camuzzi a la cabeza– puedan saldar las facturas de compra de gas adeudadas en favor de los productores del fluido. Pero los subdistribuidores no fueron incluidos en ese programa de salvataje.
“Si esta Resolución es una medida correctiva ante la precariedad subyacente en la que se encuentra el sector de la distribución de gas y, por ende, resultó necesaria y prioritaria para las ocho grandes empresas distribuidoras, no se alcanza a comprender por qué hasta el momento hemos sido excluidos de un régimen compensatorio similar”, se pregunta el presidente de ISGA en la carta enviada a Cristina Kirchner.
La realidad financiera que atraviesan las pequeñas distribuidoras es tan inconsistente que, de acuerdo con las tarifas vigentes, terminan pagando más caro el gas que inyectan en los caños que lo que recuperan por el precio que abonan los consumidores. En la práctica, la tarifa no cubre los costos de compra del hidrocarburo; menos aún los de operación y mantenimiento de los ductos. En rigor, los subdistribuidores abonan $ 0,38 por cada metro cúbico (m3) de gas que adquieren a las distribuidoras (DISTCO), pero están obligados a venderlo –de acuerdo con los esquemas tarifarios definidos por el Gobierno– a $ 0,31; es decir, un 20% menos. ›|‹