Dependencia minera en América Latina: por qué México recibe el beneficio pero no define la estrategia frente a Chile y Perú

La economía puede parecer más grande por su tamaño industrial, pero la dependencia minera reordena el poder real en América Latina: no solo influye en exportaciones, también en tipo de cambio, presupuesto y margen de política exterior. En ese mapa, Chile y Perú concentran la definición de precios y México captura parte del beneficio sin convertirlo en palanca de transformación.

Cuando se mide la minería por su participación en las exportaciones totales, el panorama regional cambia. Chile encabeza con el cobre, que representa cerca del 50% de sus exportaciones. Perú tampoco queda atrás: oro, cobre y zinc explican más del 60% de sus divisas. Bolivia, Paraguay y Ecuador muestran niveles de concentración similares en uno o dos commodities. En esos casos, la minería no es un sector adicional: funciona como columna vertebral del balance de pagos.

México, en cambio, ocupa un lugar distinto. La minería genera US$17,800 millones en exportaciones anuales y se ubica como el sexto generador de divisas del país, pero su peso relativo es menor dentro del total exportador nacional debido al peso del sector automotriz y manufacturero. Esa diversificación puede operar como fortaleza macroeconómica, pero también reduce la urgencia política de defender el sector minero con el mismo impulso que en Chile o Perú. El costo de esa menor presión —según la comparación— aparece cuando la minería debería convertirse en estrategia y no solo en aprovechamiento.

La diferencia se vuelve más visible al analizar qué significa depender de la minería en 2025, con precios de referencia altos para los principales metales y sin señales de desaceleración en la demanda de minerales críticos. En ese contexto, la capacidad de influir sobre el precio importa tanto como la capacidad de producir.

Chile produce el 27% del cobre mundial, una cifra que no es solo participación, sino poder de fijación de precio: cambios en la producción de Codelco o una paralización asociada a Escondida impactan en el mercado con rapidez. México, décimo productor mundial de cobre con Buenavista del Cobre como activo principal de Grupo México, absorbe esos movimientos de precio sin generar poder equivalente sobre la cotización.

Perú opera con una lógica similar en otros metales: como tercer productor mundial de plata, compite con México en mercados de concentrados y mantiene acuerdos de largo plazo con fundidoras chinas y japonesas, mientras México apenas comienza a replicar esa profundidad comercial. Desde la perspectiva de los analistas en Toronto que financian proyectos, la comparación se completa con marcos regulatorios y condiciones de inversión: Chile y Perú han ofrecido históricamente esquemas más predecibles —aunque “eso está cambiando”—, mientras México aporta cercanía con el mercado estadounidense y un tratado comercial que ningún otro gran país minero tiene con Estados Unidos. Ahí aparece una ventaja competitiva que, de acuerdo con el diagnóstico, México estaría subutilizando: el T-MEC.

Estados Unidos importa aproximadamente el 28% de su plata de México, una dependencia que se vuelve estratégica para la transición energética, dado que cada panel solar y cada vehículo eléctrico consumen minerales críticos y componentes de electrónica avanzada. Por eso, el Plan de Minerales Críticos México-EUA, firmado el 4 de febrero de 2026, se presenta como una declaración de política industrial y no como un gesto diplomático.

El problema, según el planteo, es que el acuerdo no termina de traducirse en cadena de valor: mientras el marco existe, la minería mexicana sigue exportando concentrados sin procesar, barras de plata con poca refinación adicional y cobre sin transformación. México capta el valor del subsuelo, pero no necesariamente el de la manufactura asociada. Chile, aun en un escenario de dependencia, lo haría a otra escala que le permite negociar con mayor poder; México tendría el tratado, pero no la escala de procesamiento que le permita dictar condiciones.

En paralelo, los aranceles de la administración Trump complican el panorama, aunque también abren una ventana. Las importaciones netas de metales en Estados Unidos superaron los US$185,000 millones en 2025 —más del doble que el año anterior—, impulsadas por stockpiling anticipatorio ante la incertidumbre arancelaria. Esa distorsión beneficia temporalmente a exportadores mexicanos porque el T-MEC los exime de aranceles que golpean a Chile, Perú y Australia. Sin embargo, “temporalmente” es una palabra que, en este análisis, debería preocupar a ejecutivos en Sonora y Zacatecas: la oportunidad existe, pero puede no sostenerse.

En el plano regional, el mapa de la dependencia tiene nombre y ubicación. Sonora concentra cerca del 45% de la producción minera nacional y su economía regional está atada al cobre de Grupo México: La Caridad, La Colorada y Buenavista del Cobre generan empleos directos, derrama fiscal y movimiento logístico con dificultades de sustitución en el corto plazo. Allí, la sensibilidad al precio internacional es directa: cuando el cobre sube en el LME por problemas de abastecimiento reportados por Chile, Sonora gana; cuando baja por enfriamiento de demanda china, pierde.

Zacatecas, por su parte, controla cerca del 33% de la producción nacional de plata. Peñasquito de Newmont, Saucito y Ciénega de Fresnillo PLC, y Juanicipio de la joint venture MAG Silver-Fresnillo, operan allí. En un país donde México produce una de cada cuatro onzas de plata del mundo, una parte desproporcionada sale de un solo estado que además enfrenta presiones de seguridad pública. En el análisis, esas condiciones vuelven más compleja la traducción entre peso productivo y condiciones para sostener inversiones.

La paradoja señalada es que los estados mineros mexicanos muestran perfiles de dependencia similares a los países más expuestos del ranking latinoamericano, pero sin el mismo trato político que esa dependencia justificaría. Mientras Bolivia defiende su litio con “doctrina de Estado” y Chile apoya parte de su estrategia con Codelco como instrumento soberano, México aparece descrito como un país donde Grupo México y Peñoles operan con lógica privada, eficiente, pero sin una estrategia nacional de largo plazo que ate producción, transformación y objetivos industriales.

Desde Toronto, la lectura del capital canadiense del mapa de la minería mexicana es también una lectura de riesgo y operación. Canadá es el mayor inversor extranjero en minería mexicana, y varias empresas listadas en el TSX tienen en México su principal exposición latinoamericana. Para evaluar oportunidades, no se mira solo geología y precio del metal: se consideran estabilidad regulatoria, acceso a agua, relaciones comunitarias y velocidad de permisos. En este último punto, el diagnóstico incluido sostiene que México mejoró: el gobierno de Sheinbaum habría reducido el backlog de permisos de 25 a 5 en Zacatecas durante 2026, una señal que el sector habría celebrado en silencio. En contraste, Perú acumularía conflictos sociales que paralizan proyectos, Chile enfrentaría incertidumbre por una reforma constitucional vinculada al régimen de concesiones, y Argentina tendría un régimen como el RIGI pero con inestabilidad macroeconómica.

Más allá de la dependencia, el análisis introduce una trampa que el ranking no muestra: la del valor agregado. Un país puede depender mucho de la minería y aun así capturar poco valor real si exporta en forma de concentrados o productos de bajo procesamiento. La diferencia entre exportar cobre en concentrado y exportar productos más elaborados puede traducirse en mayores ingresos y en empleo manufacturero. En esa línea, se menciona que México sigue debatiendo si construir fundidoras, mientras que Chile habría avanzado con esa lógica hace décadas.

En el cierre, se cita a CAMIMEX para dimensionar el impacto económico del sector: reportó una derrama económica de MX$260,000 millones en 2024 y una contribución fiscal de MX$45,300 millones en impuestos y derechos. La pregunta de fondo es si la minería seguirá siendo columna vertebral de una economía extractiva o si puede convertirse en una con capacidad de transformación. Según el planteo, los países que lideran la dependencia minera en la región enfrentan pocas opciones —diversificar o profundizar la cadena—, y México tendría ambas. Esa sería su ventaja, pero también su riesgo: “tener opciones sin elegir ninguna es la forma más cara de no decidir”.