El predictamen de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), que será sometido a debate este martes en la Comisión de Energía y Minas del Congreso peruano, ha generado una fuerte controversia en diversos sectores. Tras confirmarse que el Registro de Formalización de la Minería Artesanal (REINFO) no será de carácter hereditario, gremios privados, organizaciones ambientales y congresistas expresaron su rechazo a la propuesta, que proviene directamente del Poder Ejecutivo.
La iniciativa legislativa contempla beneficios tributarios y simplificaciones administrativas para la minería aluvial, actividad actualmente prohibida en cuerpos de agua por una sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la propuesta permitiría además el desarrollo de esta minería en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, lo que ha encendido alarmas, especialmente entre organizaciones indígenas y defensores del medio ambiente.
Durante el evento “Implicancias, limitaciones y alternativas para la formalización minera en el Perú”, realizado en vísperas del debate legislativo, expertos y opositores advirtieron que la ley representa un retroceso en la lucha contra la minería ilegal y pone en riesgo la conservación de ecosistemas y los derechos de las comunidades originarias.
Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expresó su preocupación por los posibles impactos ambientales, sociales y fiscales de la normativa. Grossheim resaltó que la minería ilegal genera pérdidas económicas significativas para el Estado, además de afectar derechos humanos y dañar gravemente el medioambiente, advirtiendo sobre los riesgos que implica aprobar una ley que podría facilitar prácticas no reguladas y perjudiciales para el país.
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