Cobre y minería: la recuperación de la mina subterránea Grasberg presiona el mercado global

La mina subterránea más grande del mundo, operada por Freeport-McMoRan en las montañas de Papua, Indonesia, reportó en el primer trimestre de 2025 avances en la zona de transición entre el tajo abierto agotado y el bloque cave subterráneo que concentra las reservas de las próximas décadas. Los ingenieros de campo describen la distancia al siguiente cuerpo mineralizado en metros, no en años, consolidando una recuperación productiva que redefine la curva de costos globales y envía señales directas al pipeline de proyectos de cobre en América Latina.

El yacimiento, que alberga más de 28 millones de toneladas métricas de cobre y cerca de 60 millones de onzas de oro en recursos totales históricos, ha sostenido durante cuatro décadas la posición de Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) como uno de los productores más relevantes del sector. La transición al método de bloque cave subterráneo —Deep MLZ y Grasberg Block Cave— demandó más de 4,000 millones de dólares en infraestructura subterránea, pero tomó más tiempo del proyectado. Entre 2019 y 2022, la producción cayó por debajo de un millón de toneladas anuales debido al agotamiento del tajo abierto y la falta de velocidad de crucero en los frentes subterráneos, frente a los 1.7 millones de toneladas de sus años de techo. Actualmente, el avance de los frentes y la mayor velocidad operativa del bloque cave revierten esa tendencia.

El impacto económico de Grasberg radica en su perfil polimetálico. En años de alta producción, genera más de un millón de onzas de oro como co-producto, lo que reduce el costo sostenido todo incluido (AISC) del cobre a niveles mínimos. Con el oro cotizando por encima de los 3,100 dólares por onza, cada tonelada de cobre producida posee un subsidio implícito que aplana la curva de costos del mercado en el extremo inferior. Por el contrario, los problemas operativos del yacimiento en 2020 y 2021 restaron al mercado uno de sus productores de costo más bajo, factor que, junto a otras variables, impulsó el metal rojo hacia los 4.60 dólares por libra en COMEX durante el rally de 2024.

Este escenario se desarrolla dentro de un marco soberano modificado en 2018, cuando el gobierno de Indonesia forzó la renegociación del contrato de operación. Freeport cedió el 51% de la participación al holding estatal MIND ID a cambio de extender la licencia hasta 2041, en una operación donde el Estado indonesio pagó cerca de 3,850 millones de dólares para obtener el control operativo y la participación directa en las utilidades. La reactivación de Grasberg a plena capacidad otorga a Indonesia peso simultáneo en dos metales críticos, sumándose a su posición como mayor productor mundial de níquel, bajo una política de industrialización de recursos iniciada por Joko Widodo y profundizada por Prabowo Subianto que incluye la prohibición de exportar mineral de níquel sin procesar.

La estabilización de Grasberg y un precio del cobre sostenido por encima de 4 dólares por libra elevan el umbral de rentabilidad de los proyectos latinoamericanos que compiten por capital institucional con activos como Quellaveco en Perú y las expansiones en Chile. En Argentina, el gobierno de Javier Milei cuenta con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), vigente hasta 2027, como herramienta para cerrar la brecha de incentivos en proyectos de San Juan y Catamarca, que presentan un perfil de producción más robusto, tecnología más madura y mercados más profundos que el litio.

La competencia por el capital involucra a tres proyectos principales en territorio argentino. Los Azules, de McEwen Mining en San Juan, proyecta una inversión de más de 3,000 millones de dólares y potencial de plata como subproducto. Josemaría, de Lundin Mining en la misma provincia, se encuentra en fase de ingeniería avanzada con una inversión proyectada superior a los 4,000 millones de dólares y presencia de oro. MARA, que consolida los activos de Glencore y Yamana en Catamarca, aguarda condiciones de financiamiento adecuadas.

El factor crítico para estos activos es el tiempo, dado que los proyectos de cobre requieren de cinco a siete años de construcción desde la decisión final de inversión (FID). Si Los Azules o Josemaría no toman la FID antes de 2026, la producción no ingresará al mercado antes de 2032 en un escenario optimista, año para el cual el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyectan un déficit estructural de cobre impulsado por la electrificación y los vehículos eléctricos.

La trayectoria de Grasberg deja tres lecciones operativas: las transiciones productivas sin financiamiento anticipado generan caídas de ingresos, la participación estatal estructurada puede actuar como anclaje político y los co-productos de metales preciosos aportan predictibilidad, aunque la rentabilidad base del cobre debe sostenerse sola bajo precios conservadores. Mientras los ingenieros de Freeport avanzan a metros del cuerpo mineralizado, las iniciativas en Argentina dependen de decisiones de inversión y certezas regulatorias para ingresar al mapa minero regional en los próximos dos o tres años.