Catamarca y Tucumán recibirán el 70% de acciones de una empresa minera en acuerdo con el Plan de Eficiencia del Estado Nacional

El Gobierno nacional avanza en la transferencia de acciones de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio a las provincias de Catamarca y Tucumán, en línea con las políticas de eficiencia en los gastos públicos y la reforma del sector minero.

El Gobierno nacional acelera el proceso de transferencia de acciones de la empresa minera Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a las provincias de Catamarca y Tucumán, como parte del plan de eficiencia en el gasto público y las reformas en el sector minero. Según lo establecido, ambas provincias recibirán en conjunto un 70% de las acciones de la empresa, permitiéndoles participar en la explotación, regalías y posibles beneficios económicos derivados de los recursos mineros de la región.

La iniciativa forma parte de las negociaciones en torno al Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, con el objetivo de que las provincias puedan obtener ganancias a partir de la renta minera y aportar a futuras sociedades. Además, esta medida se alinea con el plan del Gobierno de Javier Milei para optimizar la gestión y reducir el gasto estatal.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, mantuvo una reunión el lunes 17 con María Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica de YMAD, para avanzar en el acuerdo. La negociación implica también a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con quien se busca definir qué porcentaje de la empresa quedará en manos de cada provincia, siendo Catamarca la que busca mantener la mayor parte de los recursos, alegando que “son sus recursos”.

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, ubicado en el distrito de Hualfin, en Catamarca, abarca una extensión de 344 km² y ha sido gestionado desde 1958 por el Estado Nacional, la provincia y la UNT. La gestión de la empresa está a cargo de vocales designados por cada entidad, además del presidente, que es nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Este acuerdo busca potenciar la participación de las provincias en la explotación minera, generando mayores ingresos y fortaleciendo la gestión regional en línea con las políticas de eficiencia del Estado. La definición final de los porcentajes y los términos del convenio se espera concretar en las próximas semanas.