Un borrador de nueve carillas elaborado por el Gobierno circula desde hace algunos días entre funcionarios provinciales dedicados a la regulación de las empresas que prestan el servicio eléctrico en todo el país. Bajo la bandera del «federalismo eléctrico» y a través de un acuerdo marco entre la Nación y las provincias, propone cambios que tendrían una fuerte incidencia en el sector. Entre ellos, avanzar en la quita de subsidios y el ajuste de tarifas en los distritos más rezagados (como la Capital y el Gran Buenos Aires), intenciones que el kirchnerismo no suele poner por escrito. Ambas medidas implicarían aumentos en la boleta de luz.
La propuesta también contempla centralizar en el gobierno nacional el manejo de las empresas provinciales que hoy operan bajo las órdenes de las gobernaciones.
El documento -La Nación pudo ver una copia- fue elaborado por equipos técnicos del secretario de Energía, Daniel Cameron, y de Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de Planificación. Ambos funcionarios responden al jefe de esa cartera, Julio De Vido. También cuenta con el acompañamiento de Ricardo Martínez Leone, del Ente Regulador de la Electricidad a nivel nacional (ENRE) un hombre del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que llegó a ese cargo en medio de la crisis eléctrica de diciembre y enero.
Cameron y Martínez Leone recibieron ayer a los equipos técnicos de las gobernaciones, agrupados en la Asociación de Entes Reguladores, pero obtuvieron una respuesta que no les gustó.
Sucede que el borrador oficial especifica que el Gobierno será el encargado de fijar los precios de referencia para las provincias, una potestad que hoy está a cargo de los gobernadores (salvo en los casos de Edenor y de Edesur) y no la quieren ceder. Con dilaciones y chispazos, pero sin rupturas definitivas, se prometieron seguir discutiendo el tema.
«Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina» es el extenso nombre que lleva el documento. Divide al país en ocho regiones y estipula un valor agregado de distribución regional de referencia (Vadrr), que fijará la Secretaría de Energía, es decir, el Gobierno.
Para avanzar hacia una convergencia tarifaria nacional, propone que las distribuidoras que estén por debajo del valor fijado por Energía podrán aumentar sus tarifas hasta ese nivel, mientras que las que estén por encima no podrán aumentarlo hasta la próxima determinación regional
Por la intervención del kirchnerismo en el sistema, las tarifas de Edenor y Edesur son las más bajas del país, debido a que el resto de las distribuidoras, por decisión de sus gobernaciones, las aumentó en línea con los incrementos de costos. Hoy, por ejemplo, un usuario de la ciudad de Buenos Aires paga un 15 por ciento del precio que desembolsa un vecino de Santa Fe y un 18 por ciento de lo que paga un cordobés.
