Bolivia presenta una ley para el litio y lanza una licitación internacional en medio de protestas por los subsidios

El Gobierno anunció un nuevo marco legal para explotar e industrializar el litio y habilitó la participación de capitales privados. El proyecto convive con conflictos sociales por la eliminación de subsidios a los carburantes y contratos aún pendientes de aval legislativo.
El Gobierno de Bolivia presentó una nueva ley para el sector del litio y anunció el lanzamiento de una licitación internacional destinada a impulsar la industrialización de las reservas ubicadas en los salares del sur del país. La iniciativa se dio a conocer en un contexto de creciente tensión social, marcado por protestas contra el decreto 5503, que elimina los subsidios a los carburantes y profundiza el debate sobre el rumbo económico y energético.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, quien explicó que el proyecto de ley establece un esquema de uso diferenciado del salar. “La ley del litio se divide en dos partes: la primera declara una parte del salar como patrimonio turístico, para que en esa zona la gente siga viviendo del turismo”, señaló el funcionario.

Según precisó, el resto del territorio quedará sujeto a un sistema de licitación internacional, mediante el cual los proyectos podrán ser adjudicados tanto a empresas privadas como a asociaciones entre el sector privado y la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El esquema implica una apertura explícita a la inversión privada en un sector estratégico que históricamente estuvo bajo un fuerte control estatal.

Bolivia posee unas 23 millones de toneladas de litio, concentradas principalmente en el departamento de Potosí, lo que la ubica como uno de los países con mayores reservas del mundo. Junto con Argentina y Chile, integra el denominado Triángulo del Litio, una región clave para el abastecimiento global de este mineral estratégico para la transición energética y la industria de las baterías.

El avance legislativo y la convocatoria a licitación se producen mientras el país enfrenta un escenario político y social complejo. En Santa Cruz de la Sierra, Medinaceli defendió el decreto 5503, que eliminó los subsidios a los combustibles, una medida que generó rechazo en distintos sectores sociales y dio lugar a movilizaciones en varias regiones del país.

A este contexto se suma que Bolivia tiene pendientes de aprobación legislativa dos contratos clave para la producción de carbonato de litio. Se trata de acuerdos firmados en 2024 con la empresa rusa Uranium One Group y con la firma china CBC, que aún requieren el aval del Congreso Nacional para entrar en vigencia.

La presentación de la ley y el llamado a licitación marcan un punto de inflexión en la política del litio boliviano. Mientras el Gobierno busca acelerar la industrialización y captar inversiones para aprovechar el potencial del recurso, crecen las discusiones sobre el alcance de la participación privada, el rol de la empresa estatal y el impacto social y ambiental de las decisiones en torno a uno de los principales activos estratégicos del país.