Justicia riojana ordena paralizar el proyecto minero Vicuña por falta de permisos ambientales

Una resolución judicial dictada en Chilecito impuso la suspensión del tránsito y la construcción del proyecto por 30 días, exigiendo que los estudios de impacto ambiental sean aprobados por ambas provincias involucradas: San Juan y La Rioja.

La disputa por la jurisdicción ambiental del proyecto minero Vicuña alcanzó un punto crítico. La jueza de cámara de Chilecito, María Greta Decker, falló a favor del gobierno de La Rioja, ordenando la paralización de las actividades de construcción y la prohibición del tránsito de vehículos asociados al proyecto en territorio riojano por un plazo de 30 días. La medida, que ya cuenta con retenes policiales en las rutas provinciales, busca garantizar que los impactos ambientales sean evaluados de manera conjunta por las autoridades de La Rioja y San Juan.

El conflicto de fondo: Biodiversidad y competencias

El reclamo riojano sostiene que el proyecto Vicuña —que integra el yacimiento Josemaría— ha omitido presentar estudios sobre el impacto en cuencas, vegas y bofedales, así como sobre el glaciar El Potro. Según las autoridades provinciales, la falta de una evaluación de impacto ambiental (EIA) conjunta expone a la región a riesgos sobre bienes colectivos como el suelo, los recursos hídricos y la infraestructura vial.

La medida judicial fundamenta su alcance en que la empresa ha transitado 140 kilómetros por suelo riojano (en los departamentos de General Lamadrid y Coronel Felipe Varela) —de los cuales 66 kilómetros se encuentran íntegramente en la provincia— sin contar con los permisos ambientales correspondientes para dicho trayecto.

Además de la cuestión ecológica, el conflicto se alimenta de una profunda tensión socioeconómica. Las autoridades riojanas han denunciado la falta de diálogo por parte de la minera, reclamando un mayor compromiso en la contratación de mano de obra local y la integración de proveedores de la zona, especialmente en localidades como Villa General Madariaga y Guandacol.

La medida judicial coincide con un contexto de alta sensibilidad social en la zona, donde pobladores de Guandacol ya habían realizado cortes de ruta semanas atrás exigiendo oportunidades laborales. El gobierno provincial enfatiza que su exigencia no es discriminatoria, citando que otras empresas del sector, como NGEX (Lundin), operan actualmente en territorio riojano ajustándose a las normativas y leyes locales sin mayores contratiempos.

Próximos pasos

Si bien la justicia riojana se ha declarado competente para intervenir al considerar que parte de la actividad (el tránsito de suministros y maquinaria) se desarrolla en su territorio, no se descarta que el litigio escale hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ahora, la orden judicial establece excepciones únicamente para el personal destinado a tareas esenciales de cuidado y mantenimiento del proyecto, dejando en suspenso las obras de construcción hasta que se regularice la situación ambiental. Las autoridades riojanas han sido enfáticas: la prioridad es la seguridad ambiental del territorio y el impacto positivo real en el empleo local, dos condiciones que consideran innegociables para el avance de la minería en la provincia.