Denuncian dos derrumbes y ordenan el cese de la toma de Río Turbio

La intervención de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) denunció ante el fiscal Guillermo Marijuan -quien investiga una de las causas de corrupción contra la mina de Río Turbio- que la toma de la mina por parte de un sector de ATE que lleva más de 30 días ya produjo “dos derrumbes en un área que estaba en refacción”. Además consignaron que se podrían perder pruebas claves para las causas.
A raíz de la presentación de Omar Zeidán, el juez subrogante de Río Gallegos Aldo Suárez ordenó anoche que la protesta se realice “fuera del área que corre riesgo la seguridad y funcionamiento de la mina”.
La presentación de YCRT se hizo ante Marijuan, quien a su vez se dirigió ante el juzgado federal de Río Gallegos, solicitando que “cese la toma” y que “se resguarden las pruebas para las causas por corrupción”. Además, ordenó allanar la mina de YCRT.
“Mina 5”, como se conoce al yacimiento de carbón más importante con el que cuenta la empresa, se encuentra tomada por un grupo de trabajadores de ATEque reclaman hace semanas por la reincorporación de despidos ordenados por la intervención a cargo de Zeidán y por una discusión salarial.
La empresa informó a la justicia que perdió “el control del área de mina y que no se puede garantizar la seguridad y la integridad física de las personas, como así también de los bienes de la empresa”.
En los Tribunales de Comodoro Py, el interventor de YCRT realizó una presentación ante la fiscalía de Marijuan, “poniendo en conocimiento sobre dos derrumbes generados en la mina” que se encuentra con ocupación de un grupo de trabajadores.
Según la denuncia presentada por YCRT, la toma “genera demoras en la recuperación de la red troncal de ventilación, donde se estaba trabajando en un derrumbe con presencia de fallas geológicas y con campanas de alrededor de 17 metros”, explicaron.
Al respecto, Zeidán planteó en su escrito que la mina “podía colapsar debido a microsismos y a la baja calidad geomecánica tanto del macizo rocoso como de la capa de carbón que presentaba el techo de la bóveda del derrumbe”.
El fiscal Marijuan había solicitado a la justicia federal de Río Gallegos que intervenga para evitar cualquier accidente. “Esto no se hizo y ocurrió lo que se podría haber evitado”, señala la denuncia de YCRT.
Uno de los puntos centrales de la denuncia y en la que hizo hincapié el fiscal Marijuan en su escrito a la justifica federal de Río Gallegos, es la posible “pérdida de pruebas claves para las causas de corrupción” sobre la mina de Río Turbio. La principal es la de malversación de fondos por 26.000 millones de pesos, por la cual está acusado Julio De Vido. “Con la toma se compromete el éxito de las investigaciones que ante la Jurisdicción Capitalina se sustancian, y sin dudas los daños, podrían dificultar las pericias o medidas de prueba a realizarse en el trámite de dichas causas”, indica la denuncia.
Esto fue argumentado por la gestión de YCRT, al señalar que los empleados involucrados a las medidas “tienen una estrecha relación con actores políticos de la gestión anterior”, como el ex Interventor Atanacio Pérez Osuna.
Por ello, Marijuan pidió que cese la toma de la mina, que se “ordene el allanamiento de la totalidad del Yacimiento y se efectúe un informe sobre las medidas de seguridad que se estuvieren cumplimentando por quienes concurren al lugar”.
Para esta última medida el fiscal pidió que se convoque al personal de la secretaría de Minería y/o del Ministerio de Trabajo de la Nación. Además, requirió que se cite a declarar a Omar Zeidán como interventor de YCRT.

Fuente: Clarín