YPF Chevron revelan más datos del pacto

El legislador sospecha que se usaron mecanismos para licuar la responsabilidad fiscal y medioambiental de la estadounidense.

“El contrato es un entramado de empresas offshore, que apuntan a licuar responsabilidades y opacar el proceso”, explicó ayer el diputado Rubén Giustiniani sobre el acuerdo entre YPF y Chevron al que tuvo acceso el viernes pasado por orden judicial, luego de un litigio iniciado en 2013 y casi un año después de que la Corte Suprema ordenara hacerlo público.
El legislador afirmó que “todo el contrato es entre una prestamista, que es una subsidiaria off-shore de Chevron, radicada en las Bermudas, a un tomador, que es una offshore de YPF ubicada en el estado de Delaware en EE.UU. De esa manera baja el dinero hacia una SRL en el país a quien YPF le cedió el 50% de la explotación de Vaca Muerta”.
Giustiniani dio una conferencia de prensa acompañado por el senador Fernando Pino Solanas y el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino. Anticipó que por ser YPF “una empresa estratégica para el desarrollo nacional y contar con participación estatal mayoritaria”, va a depositar el acuerdo en el Congreso para su evaluación y se lo entregará a la Auditoría General de la Nación para que emita dictamen.
El contrato fue firmado por las dos empresas en 2013 e implica la cesión a Chevron del 50% de la concesión del área Loma Campana en la formación no convencional Vaca Muerta por 35 años. Para Giustiniani uno de los principales problemas es que la compañía estadounidense funciona como prestamista y no como inversora.
Detalló que Chevron realiza un préstamo a la petrolera argentina con un interés del 7% anual y 2% en caso de atrasos o incumplimientos. Giustiniani consideró que “las sociedades offshore se organizan para actuar con opacidad y evadir impuestos”, y sostuvo que del contrato surgen dos interrogantes principales: saber si se construyó esa estructura para defraudar al fisco y conocer si el esquema “licúa” las responsabilidades medioambientales de Chevron.
De todas formas, admitió que “empieza el análisis del contrato para ver si los intereses nacionales están salvaguardados o no para los próximos 35 años”. Resaltó que el acuerdo “está en idioma inglés y se rige bajo las leyes de Nueva York y ante un diferendo va a actuar un tribunal arbitral que es la Cámara de Comercio de París”.