Con la mira puesta en la explotación de sus reservas de hierro
Será la primera vez que se regulará la actividad en el país vecino. La normativa estipula la creación de impuestos para constituir un fondo soberano y una serie de normas ambientales.
El Congreso uruguayo acaba de aprobar un nuevo código minero, en reemplazo del vigente hasta el momento (sancionado en 1982), que por primera vez regula la megaminería. Apoyada por el oficialista Frente Amplio, la iniciativa establece que las explotaciones mineras de gran porte no podrán gozar de exoneraciones tributarias a la renta empresarial, tal como ocurre con el resto de los sectores de la economía, salvo que se industrialice el material extraído.
Así, las empresas deberán pagar un canon anual, el impuesto a la renta empresarial de un 25% y un adicional a ese tributo (de un máximo de 38%) en función de sus ganancias. En paralelo, un 70% de los ingresos que obtenga el Estado será destinado a la confección de un fondo soberano de inversión que administrará el Banco Central. Además, la norma estipula diversas regulaciones ambientales, entre las que figura la implementación obligatoria de planes para el cierre de minas.
La votación del nuevo código en la Cámara Baja –que culminó 82 a 52 a favor de su aprobación– no estuvo exenta de polémicas. “Con esta Ley, el país renuncia a cobrar entre u$s 700 y 1.000 millones en concepto de impuestos como el de Patrimonio y el IVA”, se quejó Walter Verri, dWalter Verri.
El nacionalista Álvaro Delgado, por su parte, cuestionó la falta de debate previo y de consenso. “Este código no refleja un verdadero acuerdo multipartidario. No hay una aplicación del canon que nos satisfaga por completo, y no se incluyeron los incentivos a través de deducciones para que pueda agregarse valor en Uruguay de lo que se extrae de la minería”, criticó.
Para Julio Gómez, legislador del Movimiento por un Uruguay Sustentable, se trata de una norma con muchos vicios jurídicos. “Haremos campaña para derogar los artículos referidos a la extensión que pueden tener las empresas mineras y pediremos ante la Corte Suprema de Justicia que sean declarados inconstitucionales los vinculados con la expropiación de terrenos”, anticipó.
Desde el oficialismo, la voz cantante la llevó el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, quien estuvo presente en la sesión definitoria. “De ahora en más, se abre la posibilidad de desarrollar algunos emprendimientos mineros y promover la diversificación de la matriz productiva uruguaya”, celebró.
Sin hacerlo de manera explícita, el funcionario aludió tácitamente a la importancia de la concreción del proyecto de hierro de Aratirí, situado en la localidad de Valentines. “A través de esta ley, que tiene como fin un desarrollo armonioso del sector, pasaremos a tener una riqueza adicional, con un absoluto respeto por el medio ambiente”, añadió.
Potencial ferrífero
Uruguay dio el primer gran paso para abrirse camino en el ámbito de la megaminería hace tres años, con el lanzamiento del primer estudio aerogeofísico de la totalidad de su territorio.
“La idea es medir nuestros recursos minerales metálicos, como el oro, el hierro, el níquel y el zinc, que son los que están teniendo una fuerte demanda a nivel mundial, debido al aumento de la construcción en India y China y al agotamiento de los yacimientos en los países tradicionales”, justificó Kreimerman a fines de 2010.
Las mayores expectativas de los inversores internacionales se centran en el potencial ferrífero que ofrece el vecino país, especialmente en Aratirí. Allí, el grupo indio Zamin Ferrous prevé invertir unos u$s 3.000 millones con la intención de exportar 18 millones de toneladas (Tn) anuales de hierro, lo que equivaldría a unos u$s 900 millones por año.
Según los planes de la compañía, que esperaba con ansias la aprobación del nuevo código minero, cada tres días podría zarpar un buque cargado con el mineral. La vida útil del yacimiento, en tanto, superaría las dos décadas. ›|‹