“Sin evaluación ambiental estratégica, las mineras pierden millones”

Al no efectuar una planificación participativa ni impulsar una comunicación transparente, muchos proyectos mineros provocan resistencias sociales evitables. Desde el Partido Verde Argentino, que lidera Juan Manuel Velasco, se exige un cambio de mentalidad entre los empresarios del sector.

El Partido Verde Argentino no es una agrupación que pide dolarizar la economía. Se trata del emergente local de un partido político ambientalista que existe en todas las latitudes, sólo que aquí recién está dando sus primeros pasos. Para su presidente, Juan Manuel Velasco, quien fue ministro de Medio Ambiente porteño durante la gestión de Jorge Telerman, el Estado nacional debe entender que la evaluación ambiental estratégica (EAE) representa el futuro de las políticas ecológicas.

“No puede hablarse de lo segundo sin referirse a lo primero. Las EAE son una herramienta esencial del sector público, más allá de su incidencia en el ámbito privado, ya que las consecuencias de no implementarlas las debe padecer, justamente, el Estado”, argumenta el directivo en diálogo con este medio.

En ese sentido, cree esencial una normativa oficial que promueva estas herramientas dentro del sector energético y minero. “Sin EAE, las mineras pierden millones. Un claro ejemplo es el emblemático caso Esquel. Independientemente de que el proyecto pudiera concretarse o no, ¿cuánta plata perdió Meridian Gold, en su momento, por no haber realizado EAE ni tener buena comunicación ambiental? Evidentemente los empresarios del sector deben cambiar su mentalidad”, advierte.

Según sus palabras, también se requieren estos estudios en el agro, responsable de más de un 75% del consumo nacional de agua. “Lo mismo pienso para los planes de ordenamiento territorial, la gestión de residuos y los programas de transporte”, añade.

Las EAE constituyen un instrumento preventivo de gestión ambiental que se emplea para evaluar la sostenibilidad de la participación de las acciones de desarrollo. Pero también pueden considerarse un instrumento de apoyo para la incorporación de la dimensión ambiental a la toma de decisiones estratégicas, las que usualmente se identifican con políticas, planes y programas. “Personalmente me quedo con la primera definición, porque juzgo que a la dimensión ambiental deben sumarse otras variables: el todo es más que la mera suma de las partes”, sentencia.

Cambiar para avanzar

De acuerdo con Velasco, el eje de discusión de la reciente cumbre Río+20 fue qué es y para qué sirve la sostenibilidad, ya que en los últimos tiempos el término ha perdido rigor por la falta de herramientas para su aplicación práctica. “Para mí, el desarrollo sostenible es el proceso de desarrollo que compatibiliza el crecimiento económico con la equidad social y la conservación ambiental, en un contexto de participación social y transparencia de las instituciones públicas. Si no cambiamos la forma de encarar planes y programa, será difícil avanzar”, remarca.

A su entender, las primeras políticas ambientales fueron de comando control. “Luego se pasó a privilegiar un análisis en términos de costo-beneficio social. Con el tiempo, la mirada se amplió hacia la evaluación de los impactos ambientales (EIA). Hoy es necesario impulsar decididamente la EAE”, sostiene.

A diferencia de los EIA, aclara que la EAE puede aplicarse no sólo a proyectos, sino también a políticas y programas; su nivel de análisis no se restringe a las iniciativas localizadas, sino que puede estudiar impactos acumulativos y sinérgicos; excede el trabajo de campo y muestreos para incidir en las estrategias de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial; y es capaz de producir un análisis integral y global, con sus pertinentes recomendaciones.

Más allá de algunas pocas experiencias locales, afirma que la Argentina recién está dando sus primeros pasos en materia de EAE. De hecho, algunas provincias ni siquiera tienen normas de EIA. “Se precisa una normativa nacional que establezca presupuestos mínimos. La Ley General de Ambiente (25.675) debería ser modificada para dotar de rigurosidad a los EIA e incorporar a la EAE. También se requiere la creación de un Consejo Nacional de Medio Ambiente y la implementación de un programa de educación ambiental para los decisores”, completa.