La iniciativa del gobernador Marcelo Orrego busca elevar las exigencias frente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional, el cual solo requiere un 20% de compras al país. El texto de la norma provincial establece la obligatoriedad de planes de empleo, un registro de proveedores y un esquema de sanciones ante incumplimientos.
El proyecto de ley para el Desarrollo Local Minero impulsado por la gestión del gobernador Marcelo Orrego tomó estado parlamentario este jueves en la Legislatura de San Juan. La iniciativa oficialista tiene como objetivo central elevar las exigencias locales de contratación frente a las condiciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) dictado por el Gobierno nacional. Mientras que el marco nacional establece un piso mínimo del 20% de compras internas, el proyecto sanjuanino fija metas obligatorias de un 80% para la contratación de trabajadores locales y de un 60% para la adquisición de bienes y servicios a proveedores de la provincia.
La letra de la norma dispone que las empresas mineras operadoras deberán presentar ante el Ministerio de Minería —autoridad de aplicación— un Plan de Desarrollo de Empleo Local y un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales con carácter de declaración jurada, los cuales tendrán que actualizarse cada dos años. Para instrumentar el control estatal, se creará el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), donde solo podrán inscribirse las compañías que demuestren arraigo local según el origen de su capital, sus instalaciones industriales o el porcentaje de personal provincial. Aquellas firmas que cumplan simultáneamente con los dos cupos anuales accederán a un certificado de crédito fiscal para abonar impuestos provinciales, mientras que el texto contempla excepciones fundamentadas si no existe oferta local disponible en condiciones competitivas.
El esquema regulatorio incorpora un régimen sancionatorio para desalentar omisiones de información, declaraciones falsas o prácticas discriminatorias contra los proveedores locales. Las penalidades previstas van desde apercibimientos hasta multas de 60.000 unidades tributarias, e incluso la suspensión o baja definitiva del registro provincial. Esta avanzada legislativa se inscribe en una tendencia regional donde distritos como Santa Cruz exigen un 90% de mano de obra residente a través de su ley 90/10, y Salta, Jujuy y Catamarca imponen pisos del 70%, en contraste con Mendoza, que carece de cuotas obligatorias por considerarlas inconstitucionales.
El debate legislativo local se produce en paralelo a los reclamos de cámaras empresarias por la reciente adjudicación de la ampliación del campamento Batidero en el proyecto sanjuanino Vicuña. La obra de infraestructura, presupuestada en 50 millones de dólares, quedó bajo el control de un consorcio liderado por la empresa estatal PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma RAFA S.A., lo que encendió alertas en el entramado pyme local por la asignación de contratos a capitales mayoritariamente extranjeros. Ante este escenario, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) exigieron una armonización normativa con el RIGI para evitar una fragmentación de requisitos que atente contra la competitividad de las inversiones.
Por último, el sector minero asimila el impacto del decreto nacional 482/2026, el cual modificó la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras ampliando el radio de integración regional de 200 a 500 kilómetros para mantener la estabilidad tributaria y los beneficios fiscales. Aunque las compañías mineras valoran la flexibilización porque facilita la logística y el transporte entre los yacimientos y las plantas de tratamiento, la desregulación oficial generó incertidumbre entre los proveedores instalados en las cercanías de los proyectos, quienes ahora deberán competir en igualdad de condiciones fiscales con empresas radicadas en provincias vecinas dentro del nuevo perímetro geográfico.