El gobernador Marcelo Orrego inició gestiones ante el BID y la CAF para reactivar el corredor estratégico minero tras el recorte presupuestario nacional y la rescisión del contrato con las constructoras.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció el inicio de conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para obtener el financiamiento necesario que permita reactivar la obra de la Ruta 40 Sur. El tramo, considerado un corredor clave para el vínculo comercial con Mendoza y el flujo de exportaciones e insumos industriales de la minería, se encuentra paralizado y generó tensiones políticas con el Poder Ejecutivo nacional.
La búsqueda de fondos externos por parte de la administración provincial se da tras la publicación de la Decisión Administrativa 20/2026, mediante la cual el Gobierno nacional reestructuró el presupuesto anual, recortó las transferencias a las provincias y redujo en 2.000 millones de pesos el financiamiento destinado a esta autovía. La medida motivó pedidos de informes en el Congreso de la Nación por parte de legisladores de la oposición, entre ellos el diputado sanjuanino Cristian Andino.
A la quita de fondos nacionales se sumó la rescisión del contrato por parte de las dos empresas que integraban la unión transitoria de empresas (UTE) a cargo de los trabajos, motivada por la falta de pago de la Casa Rosada. Según denunció Ante Dumandzic, gerente de una de las firmas contratistas, los fondos llegaban al Estado pero no se liberaban a tiempo para el avance de las tareas. Las constructoras se retiraron del proyecto tras invertir más de 6.000 millones de pesos, lo que derivó en el despido de 150 trabajadores.
Orrego fundamentó la decisión de prescindir de los recursos federales en la solidez de las cuentas públicas provinciales, al afirmar que San Juan se encuentra bien en términos de situación fiscal y posee la capacidad de acceder a fondos de garantía. El avance de las negociaciones coincide con la habilitación otorgada el 27 de mayo por el Ejecutivo nacional a siete provincias, entre ellas San Juan, para tomar créditos internacionales de manera directa, sin requerir avales de la Nación ni la intermediación del Ministerio de Economía para el giro de los desembolsos.
La parálisis de la infraestructura vial afecta directamente el desarrollo de proyectos mineros locales adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un sistema donde San Juan lidera a nivel país con emprendimientos como Los Azules, de McEwen Copper, que contempla un desembolso cercano a los 2.700 millones de dólares. La necesidad del cobre sanjuanino para el flujo logístico de suministros y exportaciones sumó presión tras el envío al Congreso del denominado «súper RIGI», orientado a proyectos de inteligencia artificial e infraestructura digital.