Roces entre YPF y Mendoza por licitación de ocho áreas exploratorias

En los últimos días se abrió un nuevo capítulo de la pelea entre YPF y las provincias petroleras por el control de las áreas hidrocarburíferas. El viernes se conoció que la empresa que conduce Miguel Galuccio se bajó sorpresivamente del primer tramo de la licitación que realizó Mendoza para explorar y explotar 8 áreas petroleras ubicadas en Malargüe. Al gobierno de Francisco “Paco” Pérez la noticia no le cayó nada bien.
Ese mismo día la estatizada compañía emitió un comunicado alegando que su ausencia en la operatoria obedecía a reglas poco claras y exhortó que todas las provincias hidrocarburíferas deberían unificar criterios para generar condiciones más atractivas para los inversores. Resulta que en los pliegos del concurso la provincia exigió que Emesa (la empresa provincial de energía) reciba cierto porcentaje de participación en los proyectos exploratorios y de producción pero sin hacer aportes de capital, según publicó El Cronista.
Ese requerimiento que molestó en YPF, quedó explicitado en la voz de Adolfo Sánchez, gerente de Asuntos Públicos de la empresa en Mendoza. «En el caso que nos ocupa, la provincia de Mendoza ha decidido modificar el esquema tradicional de licitación de áreas exploratorias, que identifica a la inversión proyectada como variable central a la hora de calificar las ofertas admisibles. En este concurso, Mendoza redujo la importancia relativa de la inversión y construyó un mecanismo de evaluación de ofertas en el que privilegia el porcentaje de participación otorgado por los oferentes a Emesa, la empresa provincial de hidrocarburos», manifestó el gerente en una columna de opinión publicada el domingo en el diario local Los Andes. «Este esquema afecta significativamente la rentabilidad y la viabilidad de los proyectos, ya que los socios que verdaderamente invierten deben soportar no solamente el costo del capital asociado a su participación en el proyecto, sino también aportar los fondos que Emesa no invierte», señaló contundente el directivo.
En el plano de la política, el desencuentro también tuvo eco. La diputada Pamela Verasay (UCR) denunció que la alternativa que busca YPF de «unificar las reglas de juego bajo el lema de generar confianza y previsibilidad, no es otra cosa que reiterar al Ejecutivo de Mendoza que no hay confianza en la política de hidrocarburos local” al tiempo que deja claro el interés de “atentar contra nuestra potestad constitucional reconocida en la ley Corta».