Un tribunal de Bahía anuló la medida que suspendía la operación minera más importante del año en la región. Aunque el litigio con la estatal CBPM continúa, el fallo devuelve viabilidad inmediata al traspaso de las unidades productivas en tres estados brasileños.
La justicia del estado de Bahía dio un giro determinante en uno de los movimientos corporativos más relevantes del sector aurífero latinoamericano en 2026. Un tribunal estatal dejó sin efecto la decisión que frenaba la venta de los activos brasileños de Equinox Gold a la compañía china CMOC, una transacción valuada en hasta US$ 1.015 millones. Este cambio de rumbo jurídico reactiva una operación que el mercado ya consideraba ejecutada desde enero, pero que se había topado con un bloqueo legal a principios de marzo.
El paquete de activos en disputa incluye unidades estratégicas: la mina Aurizona (Maranhão), la mina RDM (Minas Gerais) y el Bahia Complex (Santaluz), este último integrado por las operaciones de Fazenda y Santa Luz. Según los términos del acuerdo, Equinox ya recibió US$ 900 millones al cierre de la venta el pasado 23 de enero, quedando un remanente de hasta US$ 115 millones adicionales sujetos a metas de producción para enero de 2027.
El origen del conflicto y la estrategia corporativa
La controversia legal surgió en Bahía, impulsada por la estatal CBPM (Compañía Baiana de Pesquisa Mineral). La entidad sostuvo que la venta se realizó sin su anuencia previa, lo cual vulneraría el contrato de arrendamiento que exige notificación y control estatal sobre los derechos mineros. El 3 de marzo, el juez Dario Gurgel de Castro había aceptado esta postura, dictando restricciones sobre cualquier transferencia o reorganización societaria y notificando a la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Sin embargo, la defensa de Equinox y CMOC se centró en la estructura técnica de la operación. Las compañías argumentaron que la transacción se realizó mediante la venta de acciones de subsidiarias no brasileñas que controlaban indirectamente los activos locales. Bajo esta premisa, la empresa Santa Luz Desenvolvimento Mineral se mantiene como la arrendataria directa, y el cambio de control ocurrió «aguas arriba» en la cadena corporativa, lo que no constituiría una cesión directa del derecho minero.
El fallo del Tribunal y la seguridad jurídica
Esta semana, el desembargador Cláudio Césare Braga Pereira aceptó los recursos de las empresas y anuló la suspensión de la venta. El magistrado consideró que los cambios societarios en grandes corporaciones son procesos habituales y no prueban, por sí solos, una maniobra para violar contratos existentes. No obstante, mantuvo la obligación de las firmas de presentar toda la documentación detallada sobre la estructura de la transacción en un plazo de 15 días.
El fondo de esta disputa plantea un precedente crucial para la gobernanza minera en Brasil: definir cómo deben interpretarse los contratos públicos cuando ocurre un cambio de control corporativo indirecto. Mientras la CBPM busca una revisión contractual más estricta para proteger el interés público, las empresas abogan por una interpretación que no penalice las reorganizaciones internacionales de capital.
Impacto financiero y operativo
Para Equinox Gold, blindar esta desinversión es una pieza central de su estrategia financiera. La compañía utilizó más de US$ 800 millones del pago inicial para reducir su deuda neta a aproximadamente US$ 150 millones, permitiéndole enfocar su portafolio en activos de Norteamérica.
Por su parte, CMOC adquiere operaciones con un flujo de caja consolidado. En 2025, estas minas reportaron una producción de 258.905 onzas de oro, cumpliendo con el rango previsto por la compañía. La firma china, que ya cuenta con presencia previa en Brasil, busca con esta compra ampliar su escala y continuidad operativa en el país.
Pese a este avance judicial, el conflicto no ha finalizado. La resolución del fondo del litigio sigue pendiente y hay una audiencia prevista para el 30 de marzo. Por ahora, el escenario ha pasado de un bloqueo abrupto a una disputa administrable, permitiendo que el flujo de inversión y la actividad en los yacimientos no se vean interrumpidos por la incertidumbre legal.