La entidad empresaria advirtió que el proyecto legislativo impulsado por el diputado Franco Aranda pone en riesgo la estabilidad institucional y compromete la llegada de inversiones de gran escala a la provincia.
La Cámara Minera de San Juan (CMSJ) emitió un duro comunicado en el que manifestó su profunda inquietud ante el avance de propuestas legislativas que alteren el marco legal vigente. El pronunciamiento de la entidad patronal surge de forma inmediata tras el ingreso a la Legislatura provincial de un proyecto de ley que busca elevar las regalías mineras del 3% actual hasta un máximo del 5% para los nuevos emprendimientos que todavía no han iniciado su etapa de explotación.
La iniciativa en pugna, promovida por el diputado Franco Aranda, propone habilitar un esquema progresivo que permitiría aplicar la alícuota máxima del 5% durante los períodos en que las empresas registren alta rentabilidad. Este cambio normativo a nivel provincial se sustenta en la reforma introducida por el Gobierno nacional a través del reciente Paquete Fiscal (Ley 27.743), una normativa que facultó a las administraciones provinciales a incrementar los porcentajes de cobro exclusivamente en aquellos proyectos que se encuentren previos a la fase operativa de extracción.
Bajo el título de «La Cámara Minera de San Juan defiende la seguridad jurídica como pilar del desarrollo», la institución remarcó que la estabilidad de las reglas de juego es un factor esencial para atraer y mantener las inversiones de gran envergadura que demanda el sector. Desde la cámara empresarial sostuvieron que San Juan consolidó una reputación de previsibilidad y respeto institucional a lo largo de las últimas décadas, un activo que permitió posicionar a la actividad minera como uno de los principales motores económicos del territorio.
En su declaración, la CMSJ hizo un llamado explícito a la racionalidad y al diálogo institucional, advirtiendo que la discusión actual representa un riesgo para una política de Estado construida por la provincia y que puede generar demoras innecesarias. El documento concluye señalando que la posibilidad de transformar la economía regional en un complejo exportador, generador de empleo de calidad y beneficios económicos para el país, depende directamente de la vigencia de los marcos legales vigentes y no debe verse empañada por disputas de orden político.