La nueva normativa provincial unifica las reglas de ocupación para los operadores privados, fomenta la prospección al eliminar cargas en etapas de riesgo y establece controles específicos según la categoría del mineral.
El Gobierno provincial reglamentó el uso de terrenos estatales vinculados a la actividad minera, a través de una disposición que establece reglas claras sobre las condiciones de ocupación, uso y aprovechamiento de los inmuebles públicos por parte de las empresas operadoras. La medida fue confeccionada mediante un trabajo interorganismos que contó con la intervención directa de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado y la Fiscalía de Estado, entre otras dependencias oficiales.
El nuevo esquema normativo introduce criterios diferenciados en función del tipo de mina y su etapa de desarrollo cronológico. Para los yacimientos encuadrados en la primera y segunda categoría, se determinó la aplicación de un canon de uso que afectará exclusivamente a aquellos proyectos que ya hayan alcanzado la etapa de explotación efectiva dentro de tierras fiscales.
Por el contrario, las fases previas de prospección y exploración quedaron formalmente eximidas de esta carga económica. La decisión administrativa busca explícitamente no desincentivar la inversión de riesgo en la búsqueda de nuevos recursos geológicos, protegiendo a las empresas en las etapas que presentan los mayores niveles de incertidumbre financiera del negocio minero.
Para las minas consideradas de tercera categoría que se asienten sobre terrenos del Estado, la reglamentación incorporó parámetros objetivos de cálculo basados en el volumen de producción, el tipo de mineral explotado y la superficie total utilizada. Este segmento sumará además nuevos mecanismos de declaración y fiscalización que apuntan a mejorar la transparencia y la trazabilidad administrativa de las canteras.
Finalmente, la legislación busca equiparar las condiciones de competencia dentro del sector al establecer igualdad de condiciones entre quienes operan en tierras del Estado y quienes lo hacen en inmuebles de propiedad privada. Con esta homogeneización de las reglas de juego, la autoridad minera apunta a eliminar tratamientos diferenciales injustificados y garantizar un marco jurídico uniforme para todo el desarrollo de la actividad en la provincia.